Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

A fines de 2025, la empresa del rubro de la construcción ABES Desarrolladora de Negocios S.R.L cambió de manos. Fue tras una compleja negociación, donde se analizó la cuestión societaria, el pasivo y los demás temas inherentes al giro comercial, que permitirían avanzar con un plan de acción para los tiempos que vienen. El problema lo tienen ahora quienes manejaron la firma hasta ese traspaso, ya que suman varias denuncias penales por estafa y administración fraudulenta en distintas fiscalías de La Plata. Los perjuicios serían millonarios.

Fue por la paralización de una docena de edificios y varios otros proyectos bajo el sistema de fideicomiso en pozo que, pese a haber sido comercializados, no tendrían ejecución de obra. Por eso se cruzó la instancia de las intimaciones para recalar directamente ante la Justicia, en donde requirieron el inicio de una investigación para determinar las conductas desplegadas, sus eventuales responsables y una serie de medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este diario, por lo menos hay seis presentaciones judiciales.

Las mismas tuvieron radicación en la UFI Nº 6 de Patricio Barraza (IPP 06-00-000167-26-00); la UFI Nº 15 de Cecilia Corfield (IPP 06-00-063468-25-00; IPP 06-00-063468-25-00 e IPP 06-00-062296-25-00) y la UFI Nº 3 de Gonzalo Petit Bosnic (IPP 06-00-062786-25-00), que además tendría otra de 2023 a su cargo por un desarchivo tras una excusación del fiscal Martín Almirón (UFI Nº 8).

No se descarta que, para evitar el dispendio jurisdiccional y que diferentes órganos judiciales traten la misma cuestión, lo que redundaría en una pérdida de tiempo, medios económicos y la afectación del recurso humano, se adopte un criterio de acumulación en una fiscalía. Posiblemente, la preventora o la que haya avanzado más con las medidas probatorias. Una fuente del caso mencionó que sería la UFI Nº 3.

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En todos los casos, siempre en base al texto de lo denunciado, hay un mismo patrón de engaño por promesas incumplidas. Los apuntados son el abogado Diego Lacki, el que -se dijo- “se presentaba como dueño de la empresa ABES, comercializadora de edificios y vendedora de departamentos en pozo”; Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque, socia gerente y apoderado de la compañía, respectivamente.

Las fuentes informaron que a esa posición, adoptando distintos roles en la captación de clientes y/o adherentes y, hasta informando avances de obras que no existían por mail, llegaron desde el fallecimiento del fundador de la empresa y que su esposa, en representación de la hija menor de edad, cediera toda su porción accionaria cansada de no recibir utilidades.

Uno de los afectados, de una larga lista que incluye inversores privados, entre ellos importantes empresarios de la Región, y hasta un colegio profesional, es el ex entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, quien a través de su abogado, Miguel Molina, expresó que en junio de 2023 lo invitaron a participar de una cena en un edificio de 7 y 35, donde conoció a un grupo de personas, entre las que se encontraba Lacki.

“Mas allá de la afinidad propia de un grupo, se evidenciaba el conocimiento que poseían los integrantes respecto de la actividad a la que se dedicaba uno de los comensales, Diego Lacki”, se expuso en el documento.

“En total -se agregó- Pedro participó presencialmente de dos reuniones, en las que se comentaba la conveniencia y bondades de invertir en los proyectos liderados por Diego Lacki y la empresa ABES. Es así que, al interiorizarnos de los distintos emprendimientos de esa firma, y luego de mantener por fuera de las reuniones sociales, videollamadas con Lacki (...) que mostraba la solidez y seriedad de la firma que representaba”, se decidió invertir en el proyecto.

Entonces a partir de marzo de 2024, fueron dos los fideicomisos a los que adhirió Troglio. Se trata de “Dezzeo” y “Lucero”.

En la denuncia se mencionó que Troglio hizo entrega de una importante suma en dólares, parte de lo cual, al estar fuera del país, concretó vía transferencias bancarias a cuentas de EE UU a nombre de Lacki.

“Eran cláusulas atractivas para cualquier inversor y que nos servían y mucho para solventar gastos en Argentina”, se expuso en la denuncia. Aparte, le garantizaban una renta mensual actualizable hasta la culminación de las obras, pero ni siquiera vieron la luz.

Así, frente a sus reclamos por la falta de resultados, “nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores e inspecciones”, detalló Molina sobre el ardid. Y avanzó: “Nunca rindieron cuentas del destino de los fondos ni tampoco un listado de los demás inversores”.

Por último, mencionó que “lo que exponemos no solo constituye el delito de administración fraudulenta, siendo que Lacki depositaba en su cuenta personal off shore dinero que luego no se volcaría a la inversión convenida, sino que por averiguaciones practicadas al momento de comercializar el departamento en pozo, la empresa ya estaba en virtual cesación de pagos”.