La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE

Diputados nacionales de la Coalición Cívica y del Partido Socialista presentaron una acción de amparo y una medida cautelar para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad del DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La presentación fue realizada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista, quienes cuestionaron el decreto firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete el 31 de diciembre último, un día después de finalizadas las sesiones extraordinarias del Congreso.

El expediente quedó radicado, por sorteo, en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la jueza Rita Alián.

En el escrito judicial, los legisladores sostienen que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales para ser dictado mediante un DNU, ya que “no hubo ni hay necesidad ni urgencia” que justifique eludir el debate parlamentario.

Remarcan que el Congreso se encontraba en condiciones de sesionar y que una reforma de esta magnitud “requiere deliberación, equilibrio y control”.

Violación constitucional

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el DNU legisla en materia penal y procesal penal, una facultad expresamente vedada al Poder Ejecutivo por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

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En particular, los diputados objetan que el decreto habilite al personal de inteligencia a realizar aprehensiones, una atribución que corresponde exclusivamente a las fuerzas policiales y de seguridad y que solo puede ejercerse por orden judicial. Para los demandantes, esta modificación vulnera el debido proceso y afecta garantías básicas de los derechos humanos.

También alertan sobre una fuerte centralización del sistema de inteligencia bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones introducidas por el decreto se encuentra el traslado de la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete, mediante la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC).

Según el planteo judicial, estos cambios “introducen una absoluta centralización bajo una misma estructura”, lo que podría afectar la independencia y la objetividad de la inteligencia estratégica y convertirla en una herramienta de persecución política.

Riesgo para derechos y libertades

En la demanda, Ferraro, Frade y Paulón advierten que la amplitud de las categorías de inteligencia y contrainteligencia previstas en el decreto podría generar un “efecto inhibidor” sobre el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta social o disenso político.

“Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado”, señalan en el texto presentado ante la Justicia.

El DNU fue firmado durante el receso parlamentario y tras el cierre de las sesiones extraordinarias. Frente a esto, la oposición reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos presidenciales.

Sin embargo, desde el oficialismo anticiparon que la discusión podría dilatarse al menos hasta febrero. La comisión, si bien es de carácter permanente, aún no fue integrada con sus nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras, una responsabilidad que recae en los presidentes de Diputados y del Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel.

Inteligencia encubierta

Finalmente, los demandantes objetan que el decreto establezca que “todas las actividades de inteligencia son encubiertas”, al considerar que esa disposición vulnera el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.