El Gobierno quiere que el Congreso respalde la detención del dictador

La Libertad Avanza (LLA) intentará que el Congreso exprese su respaldo a la decisión de Estados Unidos de detener al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en línea con la política exterior del Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, sin embargo, anticipa un fuerte rechazo del kirchnerismo y de la izquierda, además de objeciones de algunos legisladores de bloques intermedios.

El proyecto fue redactado por la diputada libertaria Silvana Giudici y cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la totalidad del bloque oficialista. Según se supo, el texto propone que “el Congreso argentino se exprese en consonancia con la política exterior del Gobierno y la posición del Presidente Javier Milei”.

En la iniciativa, LLA ratifica su “respaldo absoluto” a la aprehensión de Maduro al considerar que constituye una vía para la restitución de los derechos humanos, la libertad y la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. El proyecto también expresa apoyo a la captura y remoción del territorio venezolano de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, al sostener que esos hechos “representan un paso significativo hacia el restablecimiento del orden democrático, el respeto por los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho”.

En los fundamentos, el oficialismo señala que los acontecimientos “constituyen un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina”, con impacto directo sobre la situación de los derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela.

Cruces y cuestionamientos

La iniciativa no estuvo exenta de polémica incluso entre sectores no alineados con el kirchnerismo. El debate quedó expuesto en un cruce público entre Giudici y el diputado de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien reclamó la inclusión de un párrafo que exija la liberación inmediata de los presos políticos, el respeto a la soberanía popular expresada por el pueblo venezolano y garantías para una transición democrática encabezada por Edmundo González Urrutia y Corina Machado.

Giudici rechazó el planteo y respondió que su trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Venezuela es conocida. Recordó que en 2009 se presentó en la cárcel de Yare, en Caracas, para reclamar la liberación de presos políticos al entonces presidente Hugo Chávez.

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Posturas divididas

La detención de Maduro por parte de Estados Unidos profundizó la grieta en el Parlamento. Mientras LLA, el PRO y la UCR respaldaron el apoyo explícito del presidente Milei a la acción estadounidense, Unión por la Patria y la izquierda la rechazaron de plano.

Ferraro, en tanto, expresó reparos a la acción unilateral de Washington al advertir que sienta “un precedente delicado para el derecho internacional”, en un contexto de fragilidad geopolítica global. En esa línea, pidió que la comunidad internacional contribuya “de manera responsable y sostenida” a una transición democrática y al restablecimiento pleno de la institucionalidad en Venezuela.

El proyecto oficialista sostiene que durante los últimos años “múltiples organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y persecución política” en Venezuela.

También menciona los reclamos por la liberación de presos políticos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido desde diciembre de 2024 sin paradero conocido.

En ese marco, el texto afirma que toda acción orientada a poner fin a prácticas autoritarias, restaurar la legalidad constitucional y proteger vidas humanas “merece ser ponderada por los representantes del pueblo”.

Desde los bloques peronistas de ambas cámaras se expresó un repudio categórico a la intervención militar de Estados Unidos y a la captura de Maduro. En un comunicado, advirtieron que se trata de una “violación grave y deliberada de la soberanía de un Estado y del derecho internacional”, en contravención de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Con este escenario, la propuesta de La Libertad Avanza se encamina a un debate intenso en el Congreso, atravesado por diferencias profundas sobre política exterior, derechos humanos y el alcance de las acciones internacionales frente a la crisis venezolana.