Los abusos en el Senado llegaron al Concejo Deliberante y exigen una comisión investigadora

Las denuncias por presuntos abusos en el Senado bonaerense llegaron al Concejo Deliberante de La Plata. El titular del bloque PRO, Nicolás Morzone, presentó un proyecto para crear una comisión investigadora sobre el caso. 

La propuesta contempla la creación de una comisión especial de carácter temporal que funcione como ámbito de seguimiento y articulación frente a las investigaciones en curso. El objetivo central es acompañar el proceso judicial y coordinar acciones con los distintos organismos involucrados, ante denuncias que incluyen delitos de extrema gravedad cometidos en el ámbito de la Cámara alta provincial.

El caso salió a la luz en diciembre y tiene como personas imputadas a dos trabajadores de planta permanente del Senado, acusados de integrar una presunta estructura coercitiva que habría operado durante años. Según la investigación, la organización captaba jóvenes en contextos de vulnerabilidad dentro de dependencias legislativas, utilizando supuestas propuestas laborales o de militancia para someterlas a situaciones de violencia sexual y prácticas de sometimiento.

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Entre las funciones asignadas a la comisión figura el control político sobre la actuación del Departamento Ejecutivo municipal en relación con el tema, además de la elaboración de informes y recomendaciones institucionales. También se prevé la coordinación con el Poder Judicial y otros organismos para facilitar el intercambio de información y el acompañamiento de las actuaciones vinculadas a la causa.

El proyecto pone especial énfasis en la protección de las personas afectadas, al instruir al Municipio a garantizar asistencia integral con abordaje psicológico, social y legal, y a adoptar medidas que eviten procesos de revictimización. En ese marco, la comisión tendría a su cargo tareas de supervisión sobre el cumplimiento de esas políticas de contención.

Otro de los puntos destacados es el pedido para que la Comuna se presente como parte damnificada en el expediente penal, bajo el argumento de que los hechos denunciados afectan de manera directa al interés público local. La comisión estaría integrada por representantes de todos los bloques políticos y funcionaría por el plazo de un año, al término del cual deberá elevar un informe final con conclusiones y propuestas al Concejo Deliberante.