Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo

La investigación por el fentanilo contaminado, que dejó un saldo de cerca de un centenar de muertes en el país y mantiene a nueve personas detenidas -entre ellas al empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma-, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó siete allanamientos simultáneos en domicilios particulares y oficinas de organismos estatales, en busca de pruebas que permitan establecer responsabilidades en el control de la producción y comercialización del medicamento.

Los procedimientos alcanzaron la vivienda de la actual titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio; la de la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Carmen Mantecón Fumadó -desplazada de su cargo-; y las casas de otros tres funcionarios vinculados a áreas de fiscalización y control. Además, hubo operativos en las sedes centrales de la ANMAT (Avenida de Mayo 850/869, en la Ciudad de Buenos Aires) y del INAME (Avenida Caseros 2161).

Fuentes judiciales precisaron que el objetivo fue secuestrar dispositivos electrónicos, documentos y registros de ingresos que acrediten posibles contactos entre García Furfaro y autoridades de los organismos de control. El propio empresario declaró en su indagatoria que había mantenido reuniones con Bisio en enero de este año, en medio de cuestionamientos a la operatoria de sus laboratorios. “Yo hablé en enero con ANMAT, me atendió Bisio. Habré ido dos veces al ANMAT. El resto de las veces iba un ex empleado. Ahora entiendo por qué no me salían los certificados. Yo creo que me generaron este lío a propósito”, señaló ante el juez.

Los investigadores buscan determinar si efectivamente se produjeron esas reuniones, qué funcionarios participaron y qué tipo de decisiones se adoptaron. Por eso, además de los domicilios particulares, se ordenó allanar oficinas y solicitar archivos, copias de procesos de compra y documentación vinculada a HLB Pharma y Ramallo. “El objeto de los procedimientos es preservar elementos de prueba, tanto documentales como electrónicos, que puedan ser útiles para determinar la eventual responsabilidad de la autoridad sanitaria en los hechos investigados”, explicaron desde el juzgado.

La medida judicial incluyó el secuestro de los teléfonos celulares de Bisio y Mantecón Fumadó, con el objetivo de analizar comunicaciones que puedan respaldar o desmentir los dichos del empresario. También se requirió información sobre la entrada y salida de particulares a las sedes de los organismos, para verificar la frecuencia de visitas de García Furfaro en los meses previos a la clausura de la planta de Ramallo.

En el plano político, las derivaciones del caso también generaron tensiones. Mientras que Mantecón Fumadó fue apartada de manera inmediata por el Gobierno, Bisio recibió el respaldo público del ministro de Salud, Mario Lugones, quien aseguró que seguirá en funciones hasta que la Justicia y un sumario interno definan los pasos a seguir. Cabe mencionar que la ANMAT depende de esa cartera y es la máxima autoridad de control sobre medicamentos y tecnologías sanitarias en el país.

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Los investigadores ahora esperan los resultados del análisis de los teléfonos secuestrados y de la documentación. De esa información podría desprenderse si hubo fallas administrativas, negligencia o un comportamiento deliberado que facilitó la operatoria de García Furfaro y sus laboratorios.