Caso Solange Musse: absolvieron a los funcionarios que impidieron el ingreso del padre a Córdoba

El jurado popular absolvió a los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba cuando su hija se encontraba enferma de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus.

El pedido del fiscal 

El fiscal Julio Rivero había solicitado que los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba sean condenados a un año y seis meses de prisión condicional por abuso de autoridad.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales reciban una inhabilitación especial, al tiempo que peticionó que se reconozca como víctimas de violencia institucional a la mujer que falleció de cáncer de mama, Pablo Musse, Teresa Oviedo y Lorena Oviedo.

En diálogo con medios locales, el padre de la víctima consideró que “la imputación es muy leve” y “no cree que haya justicia”. El papá de la damnificada confirmó que su abogado Carlos Nayi peticionó una pena de dos años para los implicados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El ex ministro de Salud Diego Cardozo; el médico Sergio José Ali; el ex director del Centro de Emergencias (COE) Regional Carlos Pepe; el ex director del Hospital de Niños de Córdoba Juan Ledesma (condenado por abuso sexual); el ex secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria Claudio Severino Vignetta y el ex miembro del organismo Ciceri prestaron testimonio ante el jurado popular.

De acuerdo a la acusación, el ex director del Hospital Renancó y Morales negaron el ingreso de Musse la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.

Desde el portal Justicia Córdoba señalan que la requisitoria fiscal sostiene que, por decisión de los imputados, Pablo Musse –que estaba acompañado por una persona con discapacidad- tuvo que regresar a su domicilio de origen en Plottier, en Neuquén, encapsulado y escoltado por una comisión policial.

Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.

Luego de que se conociera la historia, Solange redactó una carta donde expuso que, hasta su último suspiro “tengo mis derechos”. De igual modo, Solange falleció sin poder despedirse de su papá, lo que provocó una ola de críticas en torno a la causa.