Fentanilo mortal: una funcionaria admitió que el laboratorio no podía producir medicamentos

La investigación judicial por las muertes provocadas por el fentanilo contaminado sumó un testimonio clave: Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), reconoció que el laboratorio que elaboró el lote letal no estaba en condiciones de producir.

Según declaró ante la Justicia, desde el 28 de noviembre de 2024 el Laboratorio Ramallo S.A. —que trabajaba para HLB Pharma— había sido notificado de múltiples irregularidades detectadas en las inspecciones del organismo, por lo que debía suspender toda producción hasta subsanar las fallas.

Pese a esa advertencia oficial, el 18 de diciembre se elaboró el lote 31202 de fentanilo, que resultó contaminado y terminó vinculado con decenas de muertes en distintos hospitales del país.

Los informes de INAME ya habían señalado problemas graves: falta de control de esterilidad, documentación incompleta y ausencia de trazabilidad en las ampollas. Aun así, la empresa continuó operando hasta febrero de 2025, cuando recién se le prohibió formalmente producir.

La declaración de Mantecón Fumadó pone bajo la lupa la actuación de los organismos de control. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, dispuso allanamientos y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos de los funcionarios involucrados, en busca de pruebas sobre eventuales omisiones o demoras en las medidas de seguridad sanitaria.

Investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"

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La investigación por el fentanilo clínico contaminado, que dejó decenas de muertes en el país, avanza sobre un nuevo frente: la responsabilidad de los funcionarios estatales que debían supervisar los laboratorios implicados. Según reveló Infobae, la Justicia puso la lupa en directivos y exautoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) para determinar si hubo negligencia o incumplimientos en los controles.

En los últimos días se realizaron allanamientos en domicilios de siete funcionarios, entre ellos la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y la exresponsable del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumado. También se llevaron adelante operativos en las sedes de ambos organismos, con el objetivo de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir cómo se gestionaron los controles sobre los laboratorios del empresario Ariel García Furfaro.

Fallas en el sistema de control

El caso expuso deficiencias graves en los mecanismos estatales. Tal como se detalló días atrás, el Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial de la ANMAT admitió que la última inspección sobre HLB Pharma se realizó en 2018, mientras que Laboratorios Ramallo nunca había sido auditado por esa área.

Incluso, seis días antes de la elaboración del lote 31202 —identificado como el que desató la tragedia—, inspectores de ANMAT habían advertido serias irregularidades en la planta de Ramallo, aunque la producción continuó y los fármacos salieron al mercado.

Riesgo sanitario y sustancias peligrosas

Una inspección realizada días atrás en la planta de Laboratorios Ramallo SA, por orden del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, reveló “riesgo sanitario y ambiental” por malas condiciones de almacenamiento, residuos peligrosos y medicamentos en estado irregular. La requisa estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, conducido por Daniela Vilar.

El operativo, ordenado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak, constató múltiples irregularidades en la planta de Ramallo, que pertenece al empresario Ariel García Furfaro, propietario también de HLB Pharma Group S.A. 

Entre los puntos más críticos detectados:

Medicamentos y productos químicos expuestos al sol. 

Ampollas de medicamentos almacenadas al aire libre, sin condiciones seguras de conservación. 

Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos dispuestos en un área a cielo abierto, sin contención, vinculados con canaletas pluviales. 

Productos farmacéuticos sin identificación, documentación de respaldo ni conservación segura, lo que dificulta el seguimiento de lotes y puede comprometer la salud pública. 

Residuo peligroso: se observaron tachos de 200 litros con sustancias corrosivas, líquidos sin identificar, montones de basura domiciliaria, restos de ampollas rotas y sanas, entre otros. 

La planta productiva/fraccionadora estaba en estado de abandono, con vegetación creciendo dentro del predio, utensilios, ropa, colchones, lo que sugiere falta de mantenimiento y supervisión. 

en la planta de Laboratorios Ramallo SA, por orden del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, reveló “riesgo sanitario y ambiental” por malas condiciones de almacenamiento, residuos peligrosos y medicamentos en estado irregular. La requisa estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, conducido por Daniela Vilar.

La magnitud del daño

La Justicia vincula los lotes contaminados con al menos 96 muertes y decenas de casos de pacientes afectados. Por esa razón, se dictaron medidas como la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes para integrantes del grupo empresarial de García Furfaro.

La causa ahora apunta a determinar si las falencias fueron consecuencia de desidia, falta de recursos o de una posible connivencia entre funcionarios y empresarios. El avance de la investigación podría derivar en imputaciones concretas contra autoridades de los organismos de control.