El Gobierno denunció una operación de inteligencia tras la filtración de los audios de Karina Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo presentó ante la Justicia Federal una denuncia por una “operación de inteligencia ilegal” destinada a grabar y manipular conversaciones privadas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. Adorni fue contundente al afirmar que esto no fue una filtración, sino un ataque planificado y dirigido “para condicionar al Poder Ejecutivo”.

Según el Gobierno, las grabaciones fueron manipuladas y difundidas con clara intencionalidad política, con el objetivo de desestabilizar al Ejecutivo durante la campaña electoral. También destacó que si los audios son auténticos, se trata de un hecho sin precedentes en la historia del país: sería la primera vez que se registra el espionaje a un funcionario dentro de la Casa Rosada.

De esa manera, a través de un escrito de 20 páginas, solicitaron que "se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión".

Manuel Adorni, desde su cuenta de X, señaló: "La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión. Fin".

En la denuncia, además señalan: “Las conductas ilícitas objeto de esta presentación forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520 (de Inteligencia)”. La presentación, firmada por el director Nacional de Normativa y Enlace Judicial Fernando Soto, se basó en la "captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios".

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De esa manera, remarcan que la filtración tiene por fin "influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.