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El uso en La Plata de las redes sociales para reflejar y promover delitos ya cometidos, en una costumbre que adoptaron algunos adolescentes que no sólo se involucraron en hechos delictivos, sino que además eligen “mostrarse” en ellas, para hacer alarde de un supuesto prestigio o poder que otorgaría el transgredir las leyes penales, no sólo debe preocupar a la Justicia sino a la sociedad toda.
Tal como se informó en las páginas policiales, los jóvenes graban asaltos, exhiben armas o posan con elementos robados y, en cuestión de horas, esos contenidos circulan en WhatsApp, Instagram o TikTok, generando un efecto contagio entre sus “pares” dedicados a la actividad delictiva. Está claro que la Policía debiera actuar.
Se señaló en el informe que el fenómeno no es nuevo, pero en los últimos meses adquirió una visibilidad preocupante en distintos barrios de la Ciudad. Para muchos especialistas, las redes funcionan como un escenario paralelo donde los menores buscan validación social, en un contexto marcado por la marginalidad y la falta de oportunidades.
“Se construye una identidad sobre la base del riesgo y la violencia, y esa exposición se vuelve tan importante como el propio hecho delictivo”, explican investigadores judiciales que siguen de cerca estas dinámicas.
Ya antes de la eclosión de Internet se hablaba de la facilidad social existente para el acceso al delito de muchos jóvenes. Y con la irrupción de las redes sociales -un sistema abierto y en construcción permanente- ello permitió que se multiplicara un uso desviado de esa herramienta maravillosa.
No se trata de cuestionar a esas tecnologías, culturalmente enriquecedoras, sino de impedir que los menores de edad resulten víctimas indefensas de situaciones como la promoción de conductas delictivas.
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Si bien es cierto que las redes sociales abren generosas ventanas a para el conocimiento, también lo es que pueden colocar a los usuarios –especialmente a los más jóvenes- ante la alternativa de caer en vivencias negativas, como ocurre con el acoso digital (ciberbullying) o de un delito que presenta una particular amenaza para los menores y adolescentes, como lo es el denominado grooming, una figura penal que se concreta cuando adultos emplean el chat o las redes sociales para engañarlos, ganar su confianza y obtener así concesiones de índole sexual.
A esas amenazas se suma ahora la de permitir que menores o adultos que cometen delitos los reproduzcan por las redes sociales, promoviendo como ejemplos a seguir conductas que merecen condenas penales o tratamientos disciplinarios correctivos.
De allí que, en su momento, mereciera ponderación la decisión de enviar expertos en Internet a las escuelas platenses para que dictaran cursos de prevención de estas situaciones de riesgo en el uso de las redes sociales, a través de talleres didácticos que se vieron impulsados años atrás impulsados por organismos del Estado.
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