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A más de 33 años del cuádruple femicidio que estremeció a La Plata, la herencia de Ricardo Barreda sigue generando polémica. Esta vez, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires apeló ante la Cámara Contencioso Administrativa para que dos supuestos herederos, Mariana y Tomás Arreche, sean excluidos del proceso sucesorio vinculado a los bienes de las víctimas.
La presentación busca dejar sin efecto un fallo que había habilitado a los Arreche a participar del expediente que tramita la indemnización por la expropiación de la casa donde ocurrió la masacre, ubicada en la calle 48 entre 11 y 12. Según la Fiscalía, no tienen vínculo sucesorio válido, ya que están fuera del grado permitido por ley.
En 2014, la justicia civil declaró a Barreda “indigno” para heredar, por haber asesinado a su esposa, sus dos hijas y su suegra en 1992. Desde entonces, el proceso sucesorio se volcó hacia los parientes del lado materno de las víctimas, en especial de Elena Arreche, suegra del femicida.
La ley impide que una persona condenada por matar al causante herede sus bienes. En este caso, al aplicarse también el principio de “conmoriencia” (que presume la muerte simultánea de las víctimas), se anuló toda posibilidad de herencia cruzada entre ellas. Así, la herencia quedó en manos de familiares colaterales, como tías abuelas y primos de las víctimas.
El eje del reclamo es la propiedad de calle 48, declarada de utilidad pública y expropiada por el Estado. Los herederos legítimos reclaman que la indemnización se calcule a valor de mercado y no fiscal, lo que elevaría sustancialmente la compensación económica.
También surgió un nuevo bien en disputa: un departamento en calle 40, que habría pertenecido al linaje de Elena Arreche. El inmueble estaba ocupado sin contrato formal y ahora podría ser incorporado al expediente.
Ambos fueron incorporados al expediente por un fallo reciente del Juzgado Contencioso N°3, que les reconoció interés en la causa. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que no tienen legitimidad hereditaria y que su presencia puede afectar los derechos de los verdaderos herederos, ya reconocidos en sede civil.
La apelación busca revertir esa decisión y evitar que los Arreche interfieran en la valoración, reparto e indemnización de los bienes.
La Cámara Contenciosa Administrativa de La Plata deberá decidir si acepta la exclusión pedida por el Estado. Su fallo podría redefinir quiénes tienen voz y voto en una causa que, más allá del valor económico, revive una de las historias criminales más oscuras de la ciudad.
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