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Oficialismo y oposición definen estrategias para imponer su postura en el debate que tendrá su primer round en Diputados
La oposición buscará ratificar las normas en Diputados / web
Con tiempo hasta el lunes 4 de agosto para vetar las tres leyes sancionadas por el Congreso (la que actualiza jubilaciones, la que declara la emergencia en discapacidad y la moratoria previsional), el Gobierno deberá evitar luego que la oposición junte los dos tercios que necesita en ambas cámaras para ratificar las normas. De cara a esa pelea, cuyo primer round se librará en los próximos días en Diputados, en la Casa Rosada analizan algunas mínimas herramientas de negociación, por ejemplo con algunos gobernadores aliados que llevan meses reclamando fondos.
Eso mientras públicamente el presidente, Javier Milei, vocifera que “aquellos que no acompañen los vetos” serán “genocidas”. Más diplomático, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en declaraciones radiales que el mandatario vetará las leyes sancionadas. Sobre todo la que tiene que ver con las jubilaciones, por su impacto fiscal: de acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representa el 0,49% del PBI para lo que resta del 2025 y un costo fiscal anualizado del 1,17% del PBI.
“El sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos”, advirtió ayer Francos y que el Estado no puede seguir gastando más de lo que recauda. “Si no se hubiera perdido tanto dinero público en bolsillos indebidos, también habría más recursos para los jubilados”, agregó el funcionario, en un tiro por elevación al kirchnerismo.
En el Congreso, la estrategia del oficialismo es convocar a una sesión en Diputados para los primeros quince días de agosto, si tienen los votos para sostener los vetos.
Camino a ese debate, tanto en La Libertad Avanza (LLA) como el conglomerado de bloques opositores conformado por Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica comienzan a definir estrategias.
Sin embargo, la oposición primero quiere dar otro golpe al Gobierno y sancionar los proyectos sobre emergencia del Hospital Garrahan, financiamiento universitario y la reforma de la ley del impuestos a los combustibles y la que tiene que ver con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con media sanción del Senado.
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Los bloques opositores que responden a gobernadores dialoguistas están esperando una señal para asegurarse el quórum y los votos para imponer su postura, según señalaron fuentes parlamentarias.
En el oficialismo sacan cuentas para sostener los vetos. Para ello necesitan el respaldo de un tercio de los legisladores presentes en la sesión, con lo cual será clave la negociación con bloques aliados y gobernadores dialoguistas.
LLA debe reunir 87 votos para asegurarse los vetos en caso de que estén presentes en el recinto los 257 legisladores, algo que no sucede en forma habitual.
El interbloque libertario tiene 39 propios y dos aliados firmes que son CREO y Somos Fueguinos, con lo cual suma 41 votos, pero necesitaría otros 46 sufragios.
Fuentes parlamentarias señalaron que necesitan que al menos 33 de los 35 miembros del PRO se sumen a la estrategia oficialista, contar con los 6 radicales “con peluca” de Liga del Interior, dos exmacristas de Santa Fe de Futuro y Libertad, los tres del MID y, al menos, seis de la UCR.
El Presidente tiene hasta el 4 de agosto para vetar las leyes sancionadas en el Parlamento
La mirada está puesta en las abstenciones y las ausencias que tuvo la bancada del PRO, ya que votaron en contra de la ley jubilatoria 22 legisladores, 9 se abstuvieron, tres estuvieron ausentes y el larretista Héctor Baldassi lo hizo a favor.
También buscarán sumar a otros aliados que estuvieron ausentes como los dos del MID, Eduardo Falcone y Oscar Zago, y a dos de Liga del Interior que no participaron de la votación, Mariano Campero y Martín Arjol.
El bloque oficialista espera contar con el respaldo de algunos radicales tras el acuerdo electoral anunciado para Mendoza y Chaco, como Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y Gerardo Polini, de ambas provincias, respectivamente.
La oposición necesita los dos tercios de ambas cámaras para insistir con las leyes
Tanto oficialistas como algunos bloques opositores, como Democracia para Siempre y Encuentro Federal, aguardan una señal de los gobernadores dialoguistas para saber cuál será la instrucción que tendrán sobre los vetos a las leyes sobre jubilaciones.
El Gobierno asegura que no cuenta con los recursos, sin afectar el equilibrio fiscal, para sostener el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento ni para incrementar el bono que cobran quienes perciben la mínima.
Según la Oficina de Presupuesto, el aumento jubilatorio, el bono y el dinero para compensar las cajas jubilatorias de las provincias tendrían un impacto del 0,79 por ciento del PBI. Se advirtió además que las medidas para compensar el aumento solo alcanzan para cubrir el 40 por ciento de las erogaciones.
En el caso de la emergencia en discapacidad, en el oficialismo no descartan que el Gobierno ofrezca un paliativo a la ley que permita sumar adhesiones en Diputados.
También se evalúa habilitar un reparto ATN para contener a algunos de los gobernadores “amigables”. Al respecto, trascendió de fuentes ejecutivas que el Gobierno no admitirá la coparticipación del impuesto a los combustibles pero que “se podría buscar una diagonal” en el caso de los ATN.
No obstante, aún no hay nada concreto. Ni siquiera con los mandatarios de Juntos por el Cambio, pese algunos como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco) están próximos a cerrar alianzas electorales con LLA. “Cero diálogo por este tema”, dijo uno de ese grupo. “Ninguna propuesta”, ratificó otro.
De nuevo, los gobernadores serán clave para la suerte de los vetos presidenciales. El Gobierno necesita el apoyo de varios diputados que respondan a los mandatarios provinciales. Por ejemplo, LLA viene de confirmar su alianza electoral con Cornejo. Los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri se abstuvieron en la ley de jubilaciones, pero ahora podrían acompañar a Milei si las negociaciones con la Casa Rosada llegan a buen puerto.
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