El interior se hace escuchar

En medio de un clima económico desapacible y con el gobierno nacional enfrascado en una lucha interna de consecuencias impredecibles, desde el interior del país comienzan a vertebrarse espacios opositores que buscan ganar protagonismo y dar batalla a un oficialismo convencido de arrasar con la política tradicional.

Tras al agitado y por momentos escandaloso cierre de listas para las elecciones bonaerenses, Karina Milei, custodia del sello presidencial, decidió apartar del “triángulo de hierro” a Santiago Caputo, hasta ese momento intocable estratega y operador del Presidente. Por su lado, el propio Javier Milei trató de “bruta traidora” a Victoria Villarruel, mostrando una ruptura con su vice en lo que ya es un quiebre público sin precedentes en tan solo siete meses de gestión.

Figuras con ambiciones

Mientras el Gobierno se entretiene en sus internas, del otro lado del mapa político comienzan a alinearse figuras con ambiciones de protagonismo nacional. Esta semana, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron en Córdoba con una agenda que incluyó seguridad, educación y retenciones. Pero el objetivo real fue otro: mostrar músculo frente a una Casa Rosada que los ningunea y concentrar volumen político para un nuevo frente opositor.

El cruce más explícito ocurrió ayer. Mientras Javier Milei anunciaba en la Exposición Rural la baja de retenciones, Pullaro tuiteaba que “el reclamo del interior productivo finalmente fue escuchado”. En otras palabras, el gobernador de una provincia clave en la zona núcleo salió a disputarle al presidente el capital político de una medida largamente esperada por el campo. El mensaje fue claro: en el nuevo tablero político, la voz del interior también exige protagonismo.

El proyecto de Schiaretti

En Córdoba, además, cobra fuerza el proyecto presidencial de Juan Schiaretti. Ya desembarcó en territorio bonaerense, aliado a Facundo Manes, para encabezar Somos Buenos Aires, un armado transversal que reúne al radicalismo, la Coalición Cívica, el GEN y peronistas no kirchneristas. La novedad es que Schiaretti se prepara para encabezar la boleta del oficialismo en su provincia, buscando reeditar allí una tercera vía que se diferencie tanto del libertarismo como del kirchnerismo.

El consejo de mayo

Mientras tanto, en la capital y sin noticias de consensos reales, el Gobierno lanzó esta semana el Consejo de Mayo, una mesa multisectorial creada por la Ley Bases con la promesa de modernizar el mercado laboral, combatir la informalidad y aliviar el sistema previsional. El anuncio fue pomposo. La sustancia, escasa.

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Aunque el Gobierno festeja algunos números de inflación a la baja, la economía no despega. Según la consultora LCG (en base a datos del SIPA), la actividad muestra una recuperación interanual del 7,7%, pero el empleo formal cae 0,3%. El sector privado no se mueve y el empleo público retrocede 0,8%. Detrás del rebote estadístico, el mercado laboral sigue anclado: solo la mitad de los trabajadores está formalmente registrada con aportes plenos. El resto sobrevive en la informalidad o bajo el paraguas precario del monotributo.

El sistema previsional también está al borde del colapso. Se pagan 10 millones de jubilaciones, pero apenas 6 millones de trabajadores privados realizan aportes genuinos. Una ecuación insostenible, que depende del Tesoro y alimenta la presión fiscal.

El histórico reclamo de las pymes

A esto se suma el histórico reclamo de las pymes: el alto costo laboral, la “industria del juicio” y la dificultad para despedir empleados sin riesgo económico son, desde hace años, los principales desincentivos para contratar. Para muchos emprendedores, tomar personal equivale a cargar con una amenaza legal.

Aunque el Gobierno festeja los números de la inflación a la baja, la economía no despega

“La parálisis no es solo económica, es política”, explica Jorge Colina, economista laboral. “Las empresas no invierten porque no saben qué pasará con la economía. Están en modo espera”. Ni el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) ni las desregulaciones anunciadas rompieron esa lógica.

El problema estructural se agudiza con un marco normativo laboral que sigue atado a convenios colectivos que datan del Rodrigazo. Reformarlos significaría desafiar intereses enquistados en sindicatos y cámaras empresariales, los mismos actores que hoy ocupan el centro del escenario. ¿Quién va a dinamitar el sistema del que se beneficia?

Las reformas estructurales

El Gobierno admite que las reformas estructurales llegarán recién después de las elecciones de octubre. Apuesta a un triunfo electoral que le brinde margen político. Pero ni esa victoria está garantizada, ni una mayoría propia en el Congreso parece probable. Sin eso, cualquier reforma dependerá de una oposición que, aunque fragmentada, comienza a reagruparse.

En este contexto, el Consejo de Mayo aparece más como un gesto institucional que como una hoja de ruta concreta. Sin acuerdos reales con los actores que controlan el Congreso y los territorios, la iniciativa se diluye entre fotos, discursos y promesas diferidas.

Mientras tanto, el empleo no mejora, la informalidad se expande y millones de trabajadores siguen esperando. Las decisiones de fondo se postergan. Y la dirigencia política administra el presente con frases grandilocuentes mientras el futuro se desvanece entre internas y marketing.