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Continúan los reclamos de gobernadores al gobierno nacional / Web
Germán López
Contra la mayoría de los pronósticos, la inflación de junio cerró en 1,6%. Fue una décima más que mayo, pero bastante menos de lo que preveían analistas y consultoras, que esperaban una cifra más cercana al 2% o incluso por encima. El Gobierno festejó el dato y las encuestas comenzaron a reflejar el efecto político de una inflación que sigue bajando.
Pero mientras la inflación baja, el dólar no se queda quieto. La semana cerró con sobresaltos en el mercado cambiario, obligando al Gobierno a tomar medidas de urgencia para frenar la escalada de la divisa. Porque en la Argentina, la dinámica es conocida: cualquier sacudón del dólar impacta tarde o temprano en los precios y en el humor social.
En Economía creen que el enfriamiento del consumo es lo que está operando como ancla inflacionaria. “Las ventas doman la inflación”, resumió Fausto Spotorno, economista y ex asesor de Javier Milei. Los datos de las consultoras privadas parecen darle la razón: la última semana la inflación de alimentos y bebidas apenas marcó un 0,1%, según LCG. Sin embargo, este freno en los precios no es gratis: detrás de las cifras hay caída del consumo, recesión y un deterioro creciente en la actividad económica.
El Banco Central, que durante meses se mantuvo pasivo, reaccionó para tratar de calmar las aguas. Salió a absorber pesos excedentes y a tomar medidas para aliviar la presión cambiaria. Aun así, la economía volvió a mostrar su extrema sensibilidad frente a los conflictos políticos. La semana dejó al desnudo esa vulnerabilidad: las disputas de Milei con los gobernadores, la tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel y la pelea en el Senado por iniciativas que podrían elevar el gasto fiscal pusieron en jaque, en apenas un par de días, los logros que el Gobierno exhibía con orgullo.
Desde el inicio de su gestión, Milei construyó su discurso alrededor de un eje central: estabilizar la economía. Déficit cero y emisión cero se convirtieron en un evangelio político, tanto por convicción ideológica como por conveniencia electoral. El relato libertario encuentra ahí su escudo de protección y su principal argumento ante una sociedad que durante años se acostumbró a la inflación como una enfermedad crónica. Hasta ahora, los números avalan al presidente: en pocos meses logró una desaceleración que parecía inalcanzable para sus antecesores.
Sin embargo, cada vez con más fuerza, en diferentes sectores comienza a instalarse una pregunta inquietante: ¿estabilidad para qué? Con una recesión que no cede, sin signos de reactivación y con salarios por el piso, la baja de inflación empieza a mostrarse como un objetivo vacío si no se acompaña de un rumbo claro para la economía real. El país parece vivir pendiente, mes a mes, de lo que diga el Índice de Precios al Consumidor, sin saber hacia dónde va ni qué proyecto productivo se impulsa.
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Las tensiones con los gobernadores exponen con nitidez esa carencia. Las provincias reclaman un plan de desarrollo y mayores inversiones en infraestructura, pero chocan contra la negativa del Gobierno a flexibilizar su disciplina fiscal. Los ejemplos sobran: el cobre de San Juan, Catamarca o Mendoza y los yacimientos petroleros en distintas regiones del país están listos para ser explotados, pero encuentran límites en la falta de infraestructura básica. El transporte por ducto ya opera al borde de su capacidad, mientras las rutas muestran un deterioro creciente. A eso se suma la paralización casi total de la obra pública para sostener la meta de déficit cero.
Un caso paradigmático es el del Río Salado, con obras prometidas desde hace más de 25 años para mitigar inundaciones y sequías que nunca se terminan. En un país extenso, el sistema logístico sigue dependiendo mayoritariamente del camión, mientras el tren ocupa un lugar marginal. Las provincias piden inversiones; el Gobierno responde con estabilidad macroeconómica. La brecha entre las necesidades del interior productivo y las prioridades de Balcarce 50 se agranda.
A la par, el sector privado enfrenta una presión tributaria que sigue asfixiando la actividad. El campo, uno de los motores más dinámicos de la economía argentina, siente el peso de impuestos distorsivos y retenciones. Pero la respuesta oficial es la misma: no se tocará la estabilidad fiscal, aunque la eliminación de tributos sea parte del credo libertario.
La pregunta empieza a hacerse más fuerte: bajar la inflación es una condición necesaria, pero no suficiente. En un país con pobreza estructural, salarios licuados y regiones desconectadas, cada vez son más los que se preguntan qué hay después de la estabilidad. Por ahora, Milei apuesta a extender la luna de miel con la inflación en baja. Pero la paciencia social y política, como el dólar, puede tener reacciones imprevisibles.
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