Intiman a Cristina y otros condenados a que paguen

En una resolución de alto impacto político y judicial, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) intimó a Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa Vialidad a depositar $684.990.350.139,86, equivalentes a 537 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en un plazo de diez días hábiles. La fecha límite vence en las primeras horas del 13 de agosto.

La decisión fue firmada por el juez Jorge Gorini, tras recibir el informe definitivo del Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema, que actualizó el valor del daño al Estado producido por la corrupción en la adjudicación de obra pública a empresas vinculadas a Lázaro Báez.

“Intímese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles”, señala la resolución.

Gravedad extrema

El tribunal justificó la decisión al sostener que se trata del “provecho de un gravísimo hecho de corrupción” que causó un “daño fehaciente al erario público”. Por ello, el decomiso deberá efectuarse de manera solidaria entre los condenados, bajo apercibimiento de ejecución de bienes en caso de incumplimiento.

Además, se libró oficio al Banco Nación para la apertura de una cuenta judicial donde los condenados deberán efectuar el pago.

La cifra fijada por el TOF 2 coincidió con los valores propuestos por los peritos oficiales y también con uno de los cálculos de la fiscalía, que usó el índice de inflación del INDEC. En cambio, el perito de parte de Cristina Kirchner, José Lucas Gaincerain, había estimado el daño en apenas $42.494 millones, menos de la mitad del monto de base ($84.835 millones) establecido en la sentencia de 2022.

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El tribunal rechazó esa estimación y optó por el criterio del equipo técnico de la Corte Suprema, que elevó el monto actualizado a casi $685.000 millones.

Además de la intimación al pago, el tribunal ordenó ampliar los embargos sobre los bienes inmuebles de los condenados hasta cubrir la totalidad del monto fijado. En el caso de bienes muebles, el juez consideró que no se necesita nueva inscripción porque ya están cautelados por montos superiores.

La medida busca garantizar la recuperación de los fondos públicos desviados, en caso de que no se concrete el pago voluntario dentro del plazo establecido.

El TOF 2 respondió a un planteo del fiscal Diego Luciani sobre una posible maniobra de desapoderamiento fraudulento vinculada a Claudia Insaurralde, actual pareja de Lázaro Báez.

Según la fiscalía, Insaurralde habría intentado administrar bienes cautelados en la causa mediante un poder otorgado por Báez desde prisión.

El tribunal ordenó a la cárcel de Río Gallegos registrar fotográficamente cualquier documento que quiera ser ingresado por visitantes y enviar copia inmediata al tribunal.

Si los condenados no pagan en término, se activará la ejecución forzada sobre bienes hasta cubrir los 537 millones de dólares del decomiso.