Cristina presa: la Cámara Electoral fue notificada de que no podrá ser candidata y el Tribunal confirmó cuándo y dónde deberá presentarse

Conocida el fallo de la Corte Suprema de Justicia de no hacer lugar a los recursos de quejas presentados y con ello dejar firme la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, de inmediato se activaron otros pasos inherentes al cumplimiento de la pena.

En su condición de presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex presidenta, Lázaro Báez y otros acusados, el juez Jorge Gorini envió un oficio a la Justicia Electoral para informar sobre la situación de Cristina. Esto obedece a que la ex mandataria no podrá volver a desempeñarse en la función pública y pocos días atrás había anunciado que iba a ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

En el oficio dirigido al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Gorini señala que el mismo es "a fin de comunicarle que en virtud del veredicto de fecha 6 de diciembre de 2022 dictado en la causa de referencia, y los fundamentos dados a conocer con fecha 9 de marzo de 2023, este tribunal dispuso, en lo que aquí interesa, la imposición de la pena contra Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, condenada a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos".

Pero no fue el único oficio que Gorini debió enviar en las últimas horas, ya que hubo otro dirigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitándole que disponga de un lugar para la detención de la ex presidenta en el plazo de 24 horas. También lo hizo para los otros condenados de la causa, que son Lázaro Báez, Nelson Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

En el requerimiento, el magistrado solicitó "atender y darse una consideración específica a las características particulares individuales" de los detenidos, y acompañó un detalle de cada uno. En el caso de Cristina, se hizo referencia a que es mayor de 70 años, abogada y, principalmente, que se tenga en cuenta "fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación".

Respecto a los plazos impuestos para la detención, el Tribunal decidió unificar en cinco días hábiles a partir de ser notificados de la condena ya que algunos se encuentran en distintas provincias. De esta manera, ese será plazo máximo en el que Cristina y los demás condenados tengan para presentarse en el sexto piso de los Tribunales de Comodoro Py, donde funciona el TOF Nº2, para quedar presos.

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Y en referencia a las condiciones de su detención, Cristina Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la Fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

Los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de "inmediata detención" de la ex vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio. Sin embargo, poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

"El cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados. Dejarla presa en una cárcel común " de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados, quienes además señalaron que el eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y  es "completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.