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LEANDRO GABIN
El ministro de Economía blanqueó lo que era vox populi e incluso venía adelantando: que la remonetización de la economía será con los dólares “negros” de los argentinos, aquellos que no entraron a ningún blanqueo (ni el último de Javier Milei ni el de Mauricio Macri). El mismo Banco Central calcula que hay “encanutados” US$ 170.000 millones. Lo dijo Santiago Bausili, el número uno de la entidad, a los banqueros en el Asamblea del FMI que se desarrolló en Washington. La incógnita es qué pasará con la Ley Penal Tributaria y las regulaciones internacionales a las cuales la Argentina adhiere en la lucha contra el lavado de dinero. El ejemplo claro es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que viene observando mejoras en la Argentina pero pide más (no menos) controles.
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Luis Caputo quiere lanzar una especie de amnistía total a los dólares “negros” de los argentinos. “Estamos apuntando a que empiecen a circular. Durante los últimos 20 años el kirchnerismo reguló para jorobarle la vida a la gente y eso fue cero efectivo. Unos 1.000 CUITs representan el 50% de la recaudación, es un sistema que no funcionó y hay que replantearlo. Lo que vamos a hacer apunta a que la gente sea más proclive a utilizar los dólares. La realidad es que muchos no lo utilizan porque tienen miedo que ARCA los persiga y por eso los guardan. Eso no le sirve a la gente porque tiene un costo de oportunidad, no le sirve al país ni a nadie”, explicó el ministro.
“La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones”, sentenció y rescató un viejo dicho de Milei sobre que los evasores son “héroes” porque “escaparon de las garras del Estado”. “El que fuga es un héroe, no importa de dónde venga la plata”, había dicho el Presidente en el foro de Llao Llao del año pasado.
En el mundo tributario hubo optimismo pero plantearon dudas. “Tiene que pasar por el Congreso, que sea una ley. Porque la gente va a tener miedo de que este cambio de regulación que plantea Caputo después vuelva y terminen siendo perseguidos”, sostuvo un abogado tributarista de empresas. Esto viene a cuento de que el plazo de prescripción para las sanciones a la Ley Penal Tributaria es de 5 años. Esto significa que después de 5 años desde que se cometió la infracción, ya no se puede iniciar un proceso penal ni se puede hacer efectiva la sanción correspondiente. Para los tributaristas, si la persona entra en esta especie de “blanqueo informal” y utiliza los dólares para comprarse autos, casas o lo que sea, pueden ser sujetos posteriormente a investigaciones si cambia el Gobierno luego del 2027.
“Si apostás que Milei se queda después otros 4 años más, entonces con cambio de regulaciones podés usar los dólares negros y esperar a que la infracción prescriba. Pero si Milei no es reelecto y viene alguien que quiere investigar a esas personas, sin cambio en la Ley, entonces podés tener serios problemas”, explicó el especialista, que pidió no ser citado.
Tal como adelantó El Economista, la idea de Economía es que la gente pueda pagar con billeteras digitales en dólares. En ese sentido, el Gobierno tiene que negociar con el jugador número uno que es Mercado Pago y los bancos, que tienen billeteras virtuales por su cuenta o a través de MODO. La idea es que usen los dólares con el QR.
La otra, es que la cuenta corriente en dólares sea una realidad. Con la caja de ahorro se pagan impuestos al débito y crédito por transferencia. Eso complica que sea un método para transaccionar. Cómo trabajarán los bancos con un blanqueo informal es otro interrogante porque muchos son también sujetos a ser sancionados por lavado de dinero. “Tiene que haber una reglamentación o ley clara que los despegue de los clientes que vayan al banco con dólares negros”, sostiene el tributarista consultado.
Otro aspecto que dicen los especialistas es lo que pueda pasar con los organismos internacionales como el GAFI. La última referencia con el país data del plenario desarrollado en París entre el 23 y 25 de octubre de 2024. Allí se concluyó que Argentina ha mejorado su marco de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés) desde su última evaluación mutua en 2010, y que “demuestra fortalezas en la cooperación y coordinación interna entre agencias”.
“Sin embargo, Argentina necesita realizar mejoras para incrementar la efectividad de su sistema AML/CFT, especialmente en las sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación de la proliferación. Asimismo, Argentina debe comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que se enfrenta, en particular el lavado de dinero proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar las prosecuciones de estos delitos en consonancia con su perfil de riesgo. También debe fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores”, enfatizó el GAFI.
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