El ex ministro D’Onofrio declaró por el escándalo de las fotomultas

Una de las investigaciones judiciales sobre el sistema de gestión y cobro de las fotomultas se desarrolla en La Plata, más precisamente en la fiscalía que encabeza el doctor Álvaro Garganta. En ese expediente, que se activó en 2023 tras la denuncia que presentó el empresario del sector Leandro Camani, ya hay varios imputados. Uno de ellos es el ex ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio (62), quien en las últimas horas acompañó un escrito de descargo y se presentó en la sede de la UFI Nº 11 para brindar una extensa declaración informativa, con la que buscó despejar algunas dudas que existen sobre su persona y sus actos.

Según fuentes confiables, acusado de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho y exacciones ilegales agravada”, D’Onofrio expresó que, mientras estuvo en funciones, “la principal política en materia de seguridad vial fue la reducción de los índices accidentológicos que tenía la provincia de Buenos Aires”, para lo cual “hubo una fuerte inversión en la compra de equipamiento” como alcoholímetros, alómetros, material de seguridad vial, móviles y pago de personal.

También dijo que se potenció la dotación de personal en las áreas de fiscalización y Agencia de Seguridad Vial, como asimismo en los juzgados provinciales, de acuerdo a lo señalado por los mismos voceros.

Los informantes destacaron que ponderó que bajo su gestión salió la “Ley de Alcohol Cero”, que se mejoraron los controles de carga en las rutas y el del transporte de pasajeros, sea urbano, de corta o larga distancia.

Además habló del sistema de la VTV, uno de los puntos más críticos, sobre el que comentó: “Cuando nos hicimos cargo, el sistema llevaba 20 años vencido y se prorrogaba año tras año. Que había falencias en cuanto a la rendición de los cánones, las empresas concesionarias rendían a través de una planilla Excel y se producían cuellos de botella a fin de año, con marcadas demoras”.

Por eso refirió que decidieron requerirle a las empresas que el vencimiento de la oblea estuviese vinculado al número de finalización de la patente, con un nuevo mecanismo de turnos online y la trazabilidad de cada una de las verificaciones.

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Sobre los 205 cinemómetros que a la fecha no tendrían resolución administrativa, D’Onofrio citó que “204 son muy anteriores a mi gestión y, solo uno que aparece como dado de alta en agosto de 2022, en realidad no es un alta sino un recambio de equipo que había sido vandalizado”.

Además detalló que 155 equipos pertenecían a CECAITRA, con sus distintas empresas constitutivas, y 50 a SECUTRANS, a la que calificó como “mi perseguidor penal” y la empresa que también lo denunció en el Departamento Judicial de Zárate-Campana, bajo los mismos cargos.

Al introducirse sobre el funcionamiento de los juzgados de Faltas, mencionó que “trabajamos en ordenar la atención al usuario, incorporamos personal, se crearon tres nuevos juzgados provinciales con sede en Moreno, en Escobar y en Azul. La experiencia fue positiva, ya que, mes contra mes y año contra año, creció la cantidad de multas procesadas y su consiguiente recaudación en pesos”.

Después el fiscal Garganta le preguntó sobre una serie de locaciones de inmuebles, donde también está apuntado por supuestas irregularidades, y los vínculos que mantenía con diferentes personas, cuyos nombres sobrevuelan desde la génesis de la causa.

Demás está decir que todo el sistema de generación y procesamiento de multas por infracciones viales está bajo sospecha y tensionado, siendo múltiples los frentes abiertos, tanto en la Justicia Federal como ordinaria.

La hipótesis principal apunta a la existencia de un oscuro entramado que se haría de millonarias sumas de dinero, las cuales burlarían los controles a través de fundaciones y universidades.

LA SITUACIÓN EN SAN ISIDRO

En medio del escándalo de las fotomultas, con todo el sistema opinado y bajo sospecha, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, fue el primero en actuar y suspender el convenio que unía a su distrito con dos universidades, que tenían a su cargo el manejo de varios cinemómetros.

En su sitio web oficial, el Municipio de San Isidro informó que “suspendió por 180 días el sistema de fotomultas, tras encontrar inconsistencias en la ejecución de los convenios firmados en 2020 y 2022 con universidades públicas, que tercerizarían funciones y responsabilidades en empresas privadas, y a los efectos de que éstas brinden las explicaciones correspondientes. Mientras dure la suspensión, se reforzarán los operativos de seguridad vial con el cuerpo de Agentes de Tránsito local”.

La decisión la tomó Lanús “hasta que el Municipio pueda garantizar que la ejecución del sistema de fotomultas se ajuste a la normativa vigente y se oriente a la reducción de la siniestralidad vial y no a fines recaudatorios, mucho menos en beneficio de terceros, como debería haber sido su propósito siempre”, se indicó.

El ex ministro de Transporte habló sobre su gestión y lanzó críticas al denunciante