Deforestación: controversia por una lista de países

La Unión Europea preparó una lista de países más o menos sensibles en materia de deforestación -bajo riesgo para Estados Unidos, estándar para Brasil y alto para Rusia-, provocando críticas de ecologistas ayer.

Aún no publicada, esta lista forma parte del reglamento sobre deforestación que se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2025, con el objetivo de prohibir la comercialización en Europa de productos procedentes de tierras deforestadas después del año 2020.

Las normas de trazabilidad para las empresas importadoras, así como los controles, serán más o menos exigentes según la categoría de riesgo asignada a cada país.

Según varias fuentes europeas, los 27 Estados miembros validaron el último lunes una lista que considera a todos los países europeos, así como a China y Estados Unidos, como países de bajo riesgo.

Por su parte Brasil e Indonesia serían considerados países de riesgo estándar.

Y los países clasificados como de mayor riesgo serían Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania, por razones políticas.

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Críticas

La ONG Global Witness lamentó ayer que Brasil no fuese clasificado como de alto riesgo, dado que “la crisis de la deforestación afecta a bosques esenciales para el clima en la Amazonía”.

La eurodiputada ecologista francesa Marie Toussaint se declaró “sorprendida por la clasificación de Estados Unidos, Indonesia o Brasil”.

“Esperaremos a ver los criterios y si son objetivos”, señaló la legisladora francesa.

Bruselas debe publicar esta lista en las próximas semanas.

La Unión Europea ya había aplazado un año -de finales de 2024 a finales de 2025- la entrada en vigor de esta ley, debido a presiones de Brasil, Estados Unidos e incluso Alemania.

Con esta normativa las empresas importadoras de productos como cacao, café, soja, aceite de palma o madera deberán demostrar la trazabilidad mediante datos de geolocalización proporcionados por los agricultores, complementados con imágenes satelitales.

Esta nueva reglamentación provoca una fuerte oposición de los sectores empresariales del agronegocio y de numerosos países africanos, asiáticos y sudamericanos, preocupados por los costos adicionales que implicará para agricultores, ganaderos y explotadores forestales.