Otra marcha al Congreso con un sensible desafío para el gobierno de Milei

La gestión del operativo de seguridad en el Congreso por la marcha en apoyo al reclamo de los jubilados que se concretará hoy asoma como un desafío sensible para el Gobierno, luego de la represión de la semana pasada, los desmanes protagonizados por facciones políticas y barras vinculados al fútbol y, claro, la foto trágica del reportero gráfico herido casi de muerte.

Es un territorio, la calle, que la gestión libertaria ha venido ordenando a fuerza de aplicar el protocolo anti piquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de obtener el aparente respaldo de una mayoría social que aspira a cierta normalidad en la circulación, luego de años de políticas permisivas en ese sentido, básicamente las gestiones del kirchnerismo, o del temor a las consecuencias de un choque entre fuerzas policiales y sociales, en este caso durante el macrismo.

La agresión al fotógrafo Pablo Grillo el miércoles pasado, quien se debate entre la vida y la muerte por el impacto en su cabeza de una cápsula de gas lacrimógeno, ha cebado a ciertos personajes de la política -algunos en un sitial de marginalidad, otros no tanto- para caer en la tentación de hablar, sobre todo en redes y medios anti-gobierno, de “un nuevo Kosteki y Santillán”.

La referencia alude al episodio de la muerte de dos piqueteros en la estación Avellaneda en manos de la Policía Bonaerense, allá por junio de 2002, que decidió al presidente transitorio Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones presidenciales de 2003 y no presentarse él mismo como candidato, aún cuando podía hacerlo.

Por supuesto que son situaciones diferentes porque Duhalde no tenía el respaldo que sí ostenta Javier Milei en las urnas luego de su contundente triunfo en el balotaje (el ex gobernador bonaerense había asumido por decisión de la Asamblea Legislativa luego de la caída del radical Fernando De la Rúa) y porque el trasfondo de la protesta es diferente.

Según la mirada del gobierno libertario hay un componente destituyente en las movilizaciones, tanto la del miércoles pasado como la de hoy, que atribuyen -sin decirlo con todas las letras- a sectores de la izquierda dura y al kirchnerismo. El oficialismo llegó a la desmesura de hablar de un intento de “golpe de Estado”.

LE PUEDE INTERESAR

Rosca y tensión en la Legislatura por la suspensión de las PASO

LE PUEDE INTERESAR

Loteos en La Plata: ultiman detalles de un proyecto para el ordenamiento urbano

De acuerdo a esta lógica, esos actores apelarían a este tipo de mecanismos (generar violencia en la calle, agredir a las fuerzas del orden esperando el desborde como respuesta, destruir el espacio público) porque por la vía política tradicional (el debate civilizado, ganar elecciones) tienen menos chances de golpear a la gestión de Milei, subida al caballo del control de la inflación –ese monstruo que no pudieron domar los últimos gobiernos constitucionales- y una respuesta en general permisiva al feroz ajuste del primer año.

Para el gobierno, hay algo de incomodidad en el esquema con el que se prepara a resistir la marcha de hoy porque el reclamo de origen no deja de ser justo: en efecto, ha caído un fuerte ajuste sobre el sector pasivo porque así lo dispuso la tijera oficial para cuidar el déficit fiscal. Pero también es verdad que los jubilados marchan todos los miércoles sin incidentes y que éstos se produjeron recién cuando la política dura, con el agregado de los barras vinculados a clubes del Conurbano con terminales políticas en el peronismo, se sumaron a ella.

Hoy, mientras la marcha se desarrolle en la plaza, dentro del Congreso se abordará el DNU de Milei que propone el acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, con la intención opositora de voltearlo. Es un condimento extra -y en verdad ajeno- a la marcha.

El operativo

Se presume que el operativo de seguridad del Gobierno mantendrá la misma lógica del orquestado la semana pasada (preservar los desbordes, cuidar el Palacio) pero se re-definiría el accionar en el terreno. La Rosada deslizaba ayer que, a diferencia del miércoles pasado, probablemente los barras hoy no asistan porque, para decirlo en criollo, quedaron “quemados” debido a los últimos incidentes. Sí se descuenta la asistencia de movimientos sociales y piqueteros -la mayoría enojados con el Gobierno porque los desplazaron del manejo de los planes-, la izquierda y gremios duros.

A modo de ejemplo, el titular de la estatal ATE, Rodolfo Aguiar, ayer confirmó que se unirán a sectores como los de Juan Grabois para marchar y advirtió: “Esto no da para más, está más cerca el caos social”. Ese “leit motiv” parece ser compartido por la mayoría de los gremios de la Central de Trabajadores Argentino (CTA), según las diversas entrevistas que circularon ayer a sus representantes.

El presidente Milei, que ayer afrontó un día complicado en los mercados, parece haber delegado todo lo concerniente a la marcha de hoy en su gente de confianza.

Ayer hubo una reunión de Bullrich con el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz. Fue en el despacho del asesor Santiago Caputo (Neiffert le responde) para coordinar el operativo que se desplegará en el Congreso. También participaron del encuentro en Casa Rosada el secretario de Justicia, Sebastián Amerio (otro hombre de Caputo) y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Se habla de que el operativo contará con la participación de mil efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas dependientes de la cartera de Bullrich. Un comando unificado monitoreará la manifestación.

¿Detalles? “No vamos a dar información de la estrategia táctica para combatir la violencia”, fue la respuesta a la prensa.

Un objetivo del gobierno sería reforzar los controles en los accesos y en las rutas nacionales que conducen a la capital federal para monitorear la asistencia a la marcha. Por eso la presencia de Mogetta: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estaría a cargo de esa tarea.

Entre los pocos que hablaron ayer, con generalidades, estuvo el siempre correcto jefe de Gabinete Guillermo Francos. Aseguró que “el uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado” y anticipó que los manifestantes “serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse”. Y agregó: “Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados durante tiempo, planteando un reclamo que es absolutamente legítimo, no tenemos ningún problema. Pero si se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar, serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse”.