Garro, imputado por loteos ilegales: allanamientos y operativos para desentramar una presunta “asociación ilícita”

La justicia de La Plata imputó ayer penalmente al exintendente, Julio Garro, a exfuncionarios municipales y empresarios constructores de la Ciudad, en el marco de la causa que investiga la venta de loteos ilegales en barrios privados que no habían sido habilitados por la Provincia. El fiscal a cargo de la instrucción, Juan Cruz Condomí Alcorta, investiga los delitos de “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, y ordenó cinco allanamientos y operativos en sedes empresarias y en el propio domicilio del exjefe comunal.

Los 16 operativos de allanamientos y órdenes de presentación fueron solicitados por la UFI Nº16 y dispuestos por la titular del juzgado de Garantías Nº5 de La Plata, Marcela Garmendia, e incluyó las sedes de las empresas constructoras y órdenes que obligan a la presentación de documentación en los domicilios del propio exintendente Garro y de exfuncionarios y empleados municipales.

Ahora la justicia deberá evaluar la documentación obtenida y determinar, a través de una investigación, la posible comisión de los delitos que se imputan.

En su solicitud, el fiscal sostuvo que hay elementos en la instrucción para inferir que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023 “varios funcionarios públicos municipales, en connivencia con empresarios particulares, viabilizaron simulando legitimidad, múltiples desarrollos urbanísticos en zonas de la Ciudad no permitidas”, cometiendo ilícitos en beneficio propio y de empresas desarrolladoras intervinientes por un monto aproximado de “1.500 millones de dólares”.

En el escrito de Condomí se sostiene que, de comprobarse el delito, la maniobra perjudicó tanto a los adquirientes de los inmuebles (en general, nuevos loteos) como al Municipio, en este caso, por un monto estimado en 700 mil millones de pesos.

El expediente indica que “en la colección de pruebas requeridas” por la que se hizo lugar a los operativos llevados a cabo ayer, “se pudo constatar como uno de los presuntos ilícitos al desarrollo “La Cañada”, en 467 y 160 de City Bell, cuyo expediente se inició en el Municipio en junio de 2022, en el que se reemplazaron fojas que modificaban los montos que el desarrollo debía pagar para una obra de infraestructura a ejecutarse por la constructora Agrycon S.A.

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La investigación se originó a partir de una denuncia de la actual gestión municipal, en el marco de unas 70 ordenanzas que no fueron convalidadas por el Estado provincial, por las que se desarrollaron urbanizaciones en áreas que no estaban autorizadas, además de modificarse ordenanzas para permitir la venta de loteos a particulares, aunque no puedan acceder a la correspondiente escrituración.

Según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso EL DIA, se allanaron y registraron las sedes de las empresas Bordigoni y Cia SRL; Solvial Construcciones; Agrycon S.A.; y también se realizaron órdenes de presentación de objetos en la casa particular de Julio Garro, en el barrio Gran Bell; la de la exsecretaria de Planeamiento municipal durante su intendencia, María Botta; del exsubsecretario municipal Marcelo Genoro; y de los empresarios Ariel Fabián Bordigoni; Cecilia Mayocchi; Leandro Arrechea; Facundo Dadin: Nahuel Paradela y la propia Municipalidad.

En tanto, el empresario Fabián Bordigoni expresó al respecto que la empresa a la que representa “no suscribió contrato alguno con el Municipio de La Plata en relación a la construcción de Barrios Privados” y que “sólo celebró con la Comuna contratos para la ejecución de dos obras públicas: la puesta en valor de la calle Cantilo y obras de bacheo”.

En el escrito, el fiscal señala tener la “sincera e íntima convicción” de la existencia de “la semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de los delitos endilgados y motivo bastantes para sospechar que los causantes han participado en su comisión”.

Según fuentes judiciales a cargo de los operativos, durante la jornada “se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia. Asimismo se notificó la imputación en la formación de la causa a las ocho personas sindicadas”.

Entre los operativos realizados ayer, uno se llevó a cabo en la casa del exintendente Julio Garro. Se trató de la notificación de la imputación por los cargos mencionados, así como la notificación de una orden de presentación de elementos relevantes en la causa, tales como “documentación contable, convenios, anotaciones físicas y digitales, inherentes a las empresas y personas involucradas en los hechos investigados. ´

Si bien los agentes judiciales ingresaron a la casa del exjefe comunal, no se produjo un registro sino una entrega de la orden para que presente esos elementos en la causa. Lo mismo ocurrió con la exsecretaria de Planeamiento, María Botta, y los domicilios de otros exfuncionarios y empresarios.

Tras conocerse el operativo y la medida judicial, EL DIA consultó a Garro, quien expresó que, por ahora, se encuentra estudiando los detalles de la causa.

El conflicto escaló hasta la paralización de obras en unas 400 nuevas urbanizaciones cerradas de la Ciudad, hasta tanto se resuelva una solución de fondo.

El exintendente Garro fue imputado ayer por el delito de “asociación ilícita”, entre otros

En el oficio del fiscal se estima que por estos desarrollos se obtuvieron USD1.500 millones