El ajuste fiscal “más grande de la historia” comienza a hacer mella

Universidad del Este (UDE)

El gobierno nacional se ha vanagloriado de haber realizado el ajuste fiscal “más grande de la historia” en el año 2024. Desde sus inicios, los funcionarios del gobierno de Milei han resaltado la imperiosa necesidad de disponer de un “ancla fiscal” como factor estabilizador de la economía. En su primera alocución pública como ministro de Economía de esta administración, Luis Caputo diagnosticaba que el mal que azotaba a la economía argentina, desde los inicios de su historia moderna, era el déficit fiscal. En los últimos años, en particular, éste generó que el Tesoro, decía el ministro, tuviera que utilizar al Banco Central para financiar su desequilibrio y, en definitiva, derivó posteriormente en emisión espuria de pesos que redundó en una inflación descontrolada que horadó el poder de compra de los salarios y de los ahorros, socavó el valor de la moneda local fomentando la dolarización, y eliminó las bases necesarias para que se desarrolle cualquier inversión de largo plazo que permita incrementar la productividad de la economía y, en última instancia, incrementar la riqueza.

Así, el gobierno de Milei llevó adelante un ajuste fiscal de 4,6 puntos del PIB el año pasado, el cual estuvo asentado, principalmente, en un recorte del gasto público del orden de 27,5% en términos reales. Los principales rubros de este ajuste fueron, en primer lugar, la disminución de los fondos destinados a la obra pública que aportaron 1,3% puntos del PIB al ajuste o representaron casi el 30% del ajuste; luego, la erosión de las jubilaciones y pensiones aportaron 1,1 puntos del PIB y, entre estos dos rubros del gasto, acumularon más de la mitad del ajuste realizado en 2024. Tras haber heredado en diciembre de 2023 un déficit primario de 1,8% del PIB y un déficit financiero de 3%, un año después el gobierno de Milei había revertido esa situación y acumulado un superávit primario de 1,7% y uno financiero de 0,3% del PIB.

La primacía que posee entre los objetivos del gobierno desacelerar rápidamente las tasas de inflación y sus sesgos ideológicos y políticos provocaron tal magnitud y composición del ajuste, que repercutió fuertemente sobre la demanda interna, sobre el consumo privado (caída de 6,2% interanual al tercer trimestre de 2024), el consumo público (-5%) y la inversión (-23%). Debe recordarse que durante el 2024 muchos analistas, si bien podían compartir la necesidad y valoraban la determinación política del gobierno para llevar adelante un ajuste fiscal de magnitud considerable y a un ritmo acelerado, mostraban preocupación por la composición del ajuste y la sostenibilidad “social” del mismo. Esto siendo que los principales focos recaían, por un lado, en grupos social y económicamente vulnerables como los jubilados y pensionados y, por otro, en ciertos gastos que dinamizan ramas de actividad con mucha incidencia sobre los niveles de empleo, como lo son los destinados al sector de la construcción fuertemente vinculado a la obra pública, pero que además, en una perspectiva de largo plazo, contribuyen a crear las condiciones para la disminución de los costos generales de la producción local, ganar competitividad y así forjar un crecimiento económico de más largo alcance y sostenido.

De modo que los costos sociales y económicos de un ajuste fiscal pueden distribuirse a lo largo del tiempo y manifestarse con distintos grados e intensidades. Algunos temas candentes del momento pueden servir para pensar esta dinámica.

Los haberes jubilatorios

Por un lado, la masiva marcha de protesta de los jubilados y otros sectores el último miércoles puso de relieve los límites a la recomposición del poder de compra de las jubilaciones en este contexto y el deterioro de largo alcance de estos ingresos. El haber mínimo jubilatorio que incluye el bono compensatorio se había reducido un 5,8% en términos reales en diciembre 2024 respecto a igual mes de 2023 y representaba un nivel 33% menor al pico de la serie en el siglo XXI, allá por el año 2013. La fórmula de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Milei, que actualiza el haber por la inflación, congela el escaso poder de compra histórico del haber jubilatorio vigente.

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Por otro lado, señalando los costos de más largo alcance, aparece la retracción del gasto del Estado en la obra pública. Pues no puede obviarse que el ajuste fiscal no sólo impactó en la inversión pública nacional sino también en las de las provincias por la dependencia que éstas tienen respecto a los recursos de origen nacional.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, estos recursos representan el 41% de sus ingresos totales y la provincia ha sido la jurisdicción que mayor retracción real sufrió en las transferencias automáticas desde Nación (-13,4%). Pero también ha sido la que mayor caída real (-90,5%) experimentó en la recepción de transferencias no automáticas, las que para Buenos Aires representan el 26% de los recursos de origen nacional que recibe y son la principal fuente de ingresos para financiar la obra pública en la Provincia. Dentro de esas transferencias no automáticas que dejó de recibir la provincia para llevar adelante gastos de capital, resaltan varios programas para el desarrollo de infraestructura que en los primeros nueve meses de 2023 habían sumado $103 mil millones actuales, equivalentes a un octavo del gasto de capital realizado por la provincia en los primeros tres trimestres de 2024.

De hecho, en el período enero – octubre 2024, Nación devengó transferencias de capital a la provincia de Buenos Aires por $44.840 millones, pero sólo transfirió, efectivamente, el 3,8% de lo pautado.

Las respuestas estatales ante lo ocurrido en Bahía Blanca, en el contexto de esta política fiscal, expresan sus límites y también pagan los costos que aún no se transparentaban en lo inmediato. Esta distribución intertemporal de los costos está presente en toda política de ajuste fiscal. La forma y su contenido determinarán la magnitud de los mismos y su distribución, haciendo a dicha política más o menos sostenible.