Trump, ¿defiende la libertad de expresión?

Cuando el presidente Donald Trump pronunció su discurso conjunto ante el Congreso la semana pasada, se jactó de que en sus primeras semanas de regreso en la Casa Blanca había “devuelto la libertad de expresión a Estados Unidos”. Sin embargo, los defensores de la Primera Enmienda afirman que nunca han la han visto bajo ataque como lo ha estado en el segundo mandato de Trump.

Ayer lo mostró con la prensa. “Creo que CNN y MSDNC, que escriben literalmente un 97,6% de cosas malas sobre mí, son brazos políticos del Partido Demócrata”, afirmó Trump en un discurso en el departamento de Justicia ante fiscales y agentes de seguridad. “Y, en mi opinión, son realmente corruptos e ilegales”, remató.

Trump suele atacar a los medios estadounidenses desde su primer mandato como presidente, de 2017 a 2021, algo sin precedentes para un líder en un país donde la libertad de prensa está consagrada en la Constitución.

El republicano suele llamar a los periodistas que no le gustan “enemigos del pueblo” y “noticias falsas”. Desde que comenzó su segundo mandato en enero, el millonario ha presionado a los medios tradicionales como la agencia de noticias estadounidense Associated Press, a la vez que ha facilitado el acceso a la Casa Blanca a otros que antes eran marginales y de derecha.

Pero también el gobierno de Trump ha amenazado a miembros demócratas del Congreso con ser investigados por criticar a los conservadores; ha retirado subvenciones federales que incluyen términos a los que se opone; ha sancionado a bufetes de abogados que representan a opositores políticos de Trump; y ha arrestado al organizador de las protestas estudiantiles que Trump calificó como “antisemitas, antiestadounidenses”.

“Tu derecho a decir algo depende de lo que el gobierno piense al respecto, lo cual no es libertad de expresión en absoluto”, dijo Will Creeley, director legal de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, un grupo no partidista de la Primera Enmienda. Trump se atribuyó el mérito del arresto por parte

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“No se trata de la libertad de expresión”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio. “Para empezar, se trata de gente que no tiene derecho a estar en Estados Unidos. Nadie tiene derecho a un visado de estudiante. Nadie tiene derecho a una tarjeta verde”.

Un juez federal ordenó esta semana a los funcionarios de inmigración que no deportaran a Khalil mientras se resuelve su caso.

Los partidarios de Trump, incluidos miembros del Congreso, han argumentado que dado que Khalil no es ciudadano estadounidense, el gobierno puede atacarlo por su discurso, que ellos sostienen equivale a simpatía por el terrorismo.

Advertencia de más arrestos

“Este es el primer arresto de muchos por venir. Sabemos que hay más estudiantes en Columbia y otras universidades de todo el país que han participado en actividades pro-terroristas, antisemitas y antiestadounidenses, y el gobierno de Trump no lo tolerará“, escribió Trump.

Incluso algunos aliados de Trump se sintieron incómodos con ese enfoque: “Casi no hay nadie que no quiera deportar”, escribió la comentarista conservadora Ann Coulter en X, “pero, a menos que hayan cometido un crimen, ¿no es esto una violación de la primera enmienda?”.

En el otro extremo del espectro político, los activistas que se organizaron para protestar contra la guerra en Gaza estaban atónitos por la medida del gobierno.

“Aprendemos sobre nuestros derechos de la Primera Enmienda desde que somos niños”, dijo Germán Rafael González, miembro de los Estudiantes por la Justicia en Palestina de la Universidad de Stanford. “Pero eso es un mito. No es la realidad en la que vivimos ahora. Y es aterrador”.

Antes del arresto de Khalil durante el fin de semana, el gobierno presionó a la Universidad de Columbia para que reprimiera el activismo anti-Israel entre estudiantes y profesores, y Trump ha amenazado con actuar contra cualquier universidad que apoye protestas que él considere “ilegales”.

También emitió una orden que prohíbe la financiación federal de lo que su gobierno etiqueta como diversidad, equidad e inclusión (DEI), lo que llevó a una congelación de subvenciones federales mientras el gobierno las revisa en busca de palabras prohibidas como “género”.

Todd Wolfson, presidente de la Asociación Americana de Profesores Universitarios, que demandó al gobierno de Trump por su prohibición de las políticas de DEI y ganó una orden judicial en su contra de un juez federal, dijo que el gobierno está retirando fondos de proyectos que tienen palabras prohibidas, retirando subvenciones de investigaciones en áreas como la diversidad de cultivos o las diferencias en la mortalidad infantil en áreas urbanas y rurales.

“Nadie realmente quiere que el Gran Hermano te diga qué puedes investigar”, dijo Wolfson. “Estas son preguntas que nuestro país necesita saber las respuestas”.

Durante varios años, los republicanos han sido el partido que se ha quejado de las infracciones de la Primera Enmienda, desde las quejas sobre las universidades “ progresistas” que cancelan a los oradores conservadores hasta los ataques a las empresas de medios sociales a las que acusan de censurar los puntos de vista conservadores, incluido el bloqueo a Trump tras el ataque de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Los estados de Florida y Texas, controlados por el Partido Republicano, incluso elaboraron leyes para limitar la forma en que las empresas de redes sociales regulan los contenidos, aunque la Corte Suprema de Estados Unidos las mantuvo en suspenso el año pasado debido a posibles violaciones de la Primera Enmienda.

El año pasado, Trump se posicionó como un defensor de la Primera Enmienda durante su campaña, y firmó una orden ejecutiva solo horas después de ser investido en el cargo que prohíbe a cualquier persona en el gobierno federal interferir con los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses. Pero también hizo promesas que indicaban que podría oponerse a algunas de las protecciones fundamentales de la Primera Enmienda, como deportar a estudiantes extranjeros que protestaron contra Israel o prohibir la quema de banderas, que la Corte Suprema ha dictaminado que es libertad de expresión protegida.

Creeley, de la fundación de derechos individuales, dijo que intentó ser optimista antes de que Trump asumiera el cargo de que el nuevo presidente solucionaría algunos problemas de la Primera Enmienda. En cambio, dijo, ha empeorado.

“No puedo recordar nada como esto”, dijo Creeley. “He estado defendiendo los derechos de la Primera Enmienda desde 2006, y esta es la amenaza más seria que puedo recordar”.

El gobierno de Trump también ha atacado a los medios de comunicación.

El presidente ha demandado a varios medios por la cobertura que no le gusta, y sus designados en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés) han ayudado a presionar a esas empresas de medios. Mientras tanto, la FCC de Trump está abriendo investigaciones de otras empresas de medios con las que Trump ha tenido disputas, y el gobierno ha prohibido a The Associated Press formar parte de la pool de prensa de la Casa Blanca porque no usará el nombre preferido de Trump para el Golfo de México. The AP está demandando para restaurar su acceso por motivos de la Primera Enmienda.

Contra los abogados

El gobierno también ha atacado a bufetes de abogados por sus afiliaciones con demócratas o al gobierno anterior. Quitó las autorizaciones de seguridad a los abogados de un bufete privado que prestaron servicios jurídicos al abogado especial Jack Smith, que investigó a Trump durante el mandato del presidente Joe Biden, y a Perkins Coie, un bufete demócrata de larga trayectoria al que Trump culpa de la investigación sobre la relación de su campaña con Rusia durante su primer mandato. El miércoles, un juez bloqueó parte de la orden.

Jameel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda en Columbia, dijo que los ataques a los bufetes de abogados han asustado a algunos abogados de alto perfil para que no tomen casos que desafíen al gobierno, lo cual, sostuvo, es el objetivo.

“Hay una larga tradición de abogados que asumen clientes controvertidos, a veces contra nuestro gobierno”, dijo Jaffer. “El gobierno de Trump ha dejado claro que retaliará contra los abogados”.

Jaffer dijo que los ataques a la libertad de expresión y de asociación están destinados a enfriar la disidencia al convencer a las personas en la oposición de que podrían convertirse en objetivos.

“Todos nosotros podemos participar en el gobierno al involucrarnos en protestas”, dijo Jaffer. “Cuando el gobierno cierra ese tipo de discurso, está cerrando la democracia”.

El gobierno de Trump incluso ha atacado a miembros del Congreso.

Trump nombró a Ed Martin, un abogado defensor que representó a algunos de los acusados en el ataque del seis de enero, como fiscal federal interino en el Distrito de Columbia. Martin escribió a Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado y uno de los principales demócratas del país, diciéndole que un comentario que hizo en 2020 advirtiendo a los jueces conservadores de la Corte Suprema que “pagarían el precio” por anular el derecho al aborto podría verse como una amenaza. Schumer se ha disculpado desde entonces por la declaración.

Martin también escribió al representante demócrata Robert García de California, advirtiéndole que los comentarios que hizo sobre el asesor de Trump, Elon Musk, podrían verse como una amenaza. García había dicho que los demócratas deberían “traer armas reales a esta pelea de bar”.

“Los miembros del Congreso deben tener el derecho de oponerse con firmeza al gobierno de Trump”, respondió García en la plataforma X de Musk. “No seré silenciado”.

AP/AFP