El drama de la inseguridad y los cambios que nunca llegan

Director del diario EL DIA

La percepción de que la inseguridad es uno de los más grandes problemas de la provincia de Buenos Aires no es errada, ni siquiera se trata de un fenómeno de los últimos años. En realidad, desde hace décadas todos los servicios públicos han decaído en su eficacia en la República Argentina.

Los funcionarios siempre han sostenido que se trata de una “situación multi causal”, y como hay que analizar y producir reformas en tantos aspectos, no se ataca ninguno. Por supuesto, que la situación económica y social tiene una gravitante incidencia, pero está muy lejos de ser la única, y existen otras situaciones críticas que podrían resolverse simplemente actuando con una firme decisión.

No pueden ignorarse las carencias presupuestarias de la provincia de Buenos Aires, discriminada por una ley de Coparticipación que la hace depender de que el Poder Ejecutivo nacional asuma una actitud “bondadosa” y repare de alguna forma la injusticia que sufren todos los bonaerenses. Es cierto que los gobiernos han destinado fondos para financiar actividades improductivas y a veces también a la corrupción, pero es imposible negar la escasez de los fondos de los que dispone la administración de Buenos Aires. Eso repercute en la prestación de servicios como los que corresponden a la salud, la seguridad y la educación.

En estos días que los platenses horrorizados han reaccionado manifestando su disconformidad, cabe apuntar que quizás el crimen sea uno más para la estadística. Pero sería inaceptable para una sociedad que mientras tanto reclama justicia. Por eso es necesario que la investigación se conozca en cada paso. Los adolescentes apuntados en el caso de la muerte de la pequeña ¿estaban bajo la acción de estupefacientes? ¿dónde los compraron? Respuestas necesarias para un flagelo sin freno.

la Justicia y la Policía

Se acusa a algunos integrantes del Poder Judicial de buscar argumentos para dejar libres a delincuentes. Nadie ha propuesto un camino para remediar eso.

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En relación a la Policía cabe destacar que la mayoría los expertos consultados sobre la estructura de la fuerza provincial han subrayado que 100.000 efectivos armados normalmente son comandados por 7 ó 10 generales de división, que es el grado más alto en las fuerzas armadas de muchos países que puede lograrse, sin haber participado en una guerra. Esa situación se agrava cuando los efectivos están dispersos en un territorio tan amplio como la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, siempre se ha protegido la centralización del comando de las fuerzas policiales, que rinden cuentas finalmente ante un hombre que debería tener cualidades superiores a las humanas. Puede decirse que no hay recuerdos de un jefe policial o un ministro de Seguridad civil que tuviera esas cualidades ajenas a la especie humana.

“El debate sobre los actos delictivos de menores es una demostración de la impotencia estatal frente a las mafias”

Por supuesto que los policías deberían ser bien entrenados y no sólo al ingresar a la fuerza de seguridad. Está de más decir que debieran tener sueldos más elevados y contar con elementos de defensa de última generación. Aún en las condiciones actuales, hace años que los jefes o ministros de turno exhiben estadísticas que demuestran la reducción del número de los delitos, tanto es así que si se aplicaran todos los porcentajes de disminución de las violaciones de la ley, hoy no habría delincuencia. Los ciudadanos que optan por denunciar algún robo, suelen tener que contestar si la mercadería que le fue hurtada estaba asegurada, y en caso contrario rápidamente existe una respuesta casi generalizada: “¿Y entonces, para que hacés la denuncia?”

Ni en las calles de la misma capital de la Provincia se observa el patrullaje de vehículos policiales que debería haber según los repetidos anuncios de compras de automotores para esa tarea. Por otra parte, en muchos países desarrollados suelen observarse agentes policiales caminando, como una forma de vigilancia insuperable; lo hacen de a dos, y con elementos de comunicación que los agentes bonaerenses no tienen. En metrópolis similares a del Gran Buenos Aires, hasta se instalan sistemas que permiten conocer a los jefes de cada región, donde están uno por uno los automotores que se utilizan para el patrullaje.

el delito juvenil

El debate sobre los actos delictivos cometidos por menores de edad, es una demostración de la impotencia de los Estados frente a las organizaciones mafiosas. Niños y adolescentes son a veces “mensajeros” de un narco minorista que a su vez depende de un todopoderoso jefe. El problema radica en los adultos, como ocurre también con los reducidores, que le pagan con centavos a los menores mercadería robada, o los comandan sin ellos arriesgando absolutamente nada. Ignorar que es imprescindible sancionar con penas mayores a quienes incitan o lucran con los delitos cometidos por niños y adolescentes es castigar al mensajero. Penar con el máximo a quienes vendan armas de fuego a los menores también es necesario. En caso contrario se seguirá actuando sobre las consecuencias. La edad de inimputabilidad puede ser el motivo de grandes debates, pero sin duda lo importante es intensificar las investigaciones alrededor de cada joven que comete algún delito para identificar a los verdaderos responsables o a quienes lucran con ellos, pero para tal objetivo hace falta una fuerza mucho más capacitada de la que se dispone.

El comercio ilegal de drogas ha esclavizado a decenas de miles -quizás muchos más-, de niños y jóvenes del país. Es un factor de enorme incidencia en los delincuentes menores de edad, pero generalmente se actúa sobre ellos o sobre el minorista que los provee.

Tampoco existen estadísticas sobre el consumo de estupefacientes por parte de niños que no han llegado a la pubertad. Claro que tampoco de adultos. No son públicas, si realmente si llevan a cabo los estudios correspondientes, las estadísticas referidas a este problema en las fuerzas de seguridad.

El análisis de la crisis tampoco puede obviar la destrucción de los núcleos familiares tradicionales o la permisividad de muchos padres en sectores sociales no carenciados que justifican el consumo de marihuana, por ejemplo.

En realidad, las páginas de este diario y los conocimientos de los periodistas no alcanzan para ponderar la influencia de cada factor. Sin embargo, puede señalarse que la falta de control local de las fuerzas policiales y de la actuación de fiscales y jueces penales es también una cuestión que debe examinarse. De alguna manera deben canalizarse las opiniones de los vecinos, a través de una institución. Independientemente también de los poderes políticos. Por algo en ciertas provincias de los Estados Unidos el fiscal de distrito es elegido por el voto popular, y no de esa manera los jueces. Nadie sabe mejor que quienes sufren la violencia, algunos caminos simples para denunciar ineficacia o corrupción.