Cómo será el paso a paso de la investigación

- La Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario.

- De esta forma, avanzará con el perfil del empresario Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, pero también del CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y del trader Mauricio Novelli. Los tres son conocidos del libertario, incluso mantuvieron más de un encuentro en común.

- Los pormenores conversados y los acuerdos establecidos serán materia de especial interés para el equipo de investigación del organismo que depende del Ejecutivo.

- En este punto accionará también la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.

- Tanto Davis como su firma Kelsen Ventures serán investigados, luego de que el 30 de enero visitara Casa Rosada y en las últimas horas se presentara como asesor del mandatario en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial.

- También pedirán todas las pruebas que involucren a Peh y KIP Protocol, quien se entrevistó con Milei el 19 de octubre, a las 18.30 horas, en un salón del hotel Sheraton Libertador. Del encuentro participaron también el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli, asiduo frecuente de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos.

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- Desde la oficina evaluarán además si el mensaje publicitado por Milei en su red social X encaja con alguna de las figuras penales por las que se lo investigará. De reconocer irregularidades o la malversación de fondos públicos, podrían elevar una denuncia penal a la Justicia.

- “Procuramos detectar dinero y bienes producto de la corrupción y solicitamos a los jueces medidas para lograr su recuperación”, detallan desde el organismo en su página web.

- Además, aclaran que de no haber delitos de corrupción, pero sí irregularidades administrativas, darán intervención al Ministerio de Justicia, a la Procuración General del Tesoro y al funcionario responsable del organismo “para que se labren las actuaciones administrativas y se apliquen las sanciones que correspondan”.