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Fenómenos delictivos como la participación de menores en el delito; la recurrencia de modalidades delictivas que abarcan desde casos de corrupción en perjuicio del Estado y los bienes públicos hasta la reiteración de robos por parte de motochorros; la eventual “benignidad” en el monto de las condenas prevista por las leyes penales en vigencia, entre muchas otras realidades que presenta la seguridad pública en nuestro país, podrán ser alteradas en forma drástica si prospera un proyecto de reformas integrales al Código Penal que será enviado al Congreso por el Gobierno nacional.
Las reformas que se impulsan endurecen penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito cuando se demuestra conducción imprudente, entre otros puntos, según señaló la ministra de Seguridad nacional.
La funcionaria añadió que las modificaciones propician que el 82 por ciento de los delitos quede alcanzado por la prisión efectiva. En la actualidad, cuando la pena no supera los 3 años el condenado no cumple toda con la condena.
El proyecto oficial determina también la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Además, las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la perpetua será “para toda la vida”, se explicó.
De concretarse mediante la sanción en el recinto, se trataría de una actualización del régimen penal después de más de un siglo de vigencia de un texto del Código vigente, aprobado en 1921. La iniciativa, en definitiva, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Creación de figuras para combatir la violencia en el deporte; ampliación y endurecimiento de las herramientas para combatir el narcotráfico; decomiso y extinción de dominio, habilitándose procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita; penas más elevadas por los delitos ambientales, introduciéndose la figura del “ecocidio” y establecer la imprescriptibilidad para delitos graves (lesa humanidad, genocidio y otros graves delitos) forman parte de las reformas propugnadas.
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También se propone endurecer condenas por violencia de género, cibercrímenes, delitos protagonizados por motochorros, por lavados de activos y actos de terrorismo, así como prevé sanciones penales contra acciones encaminadas a impedir el orden electoral, con más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la mayor trasparencia en las elecciones.
De concretarse la anunciada presentación de esta iniciativa por el Poder Ejecutivo, serán entonces los legisladores los que deberán analizarla, debatirla y decidir en consecuencia acerca de todas y cada una de las reformas propiciadas. Lo que no ofrece duda alguna es que el delito ha crecido en el país y que la sociedad argentina viene necesitada de mayor seguridad desde hace tiempo. La existencia de un alto nivel delictivo no sólo agrede a la calidad de vida de la población, sino que malogra las posibilidades de un mejor presente y futuro para la sociedad.
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