Uno de cada seis asalariados sufre inseguridad alimentaria

La relación entre tener trabajo y poder alimentarse adecuadamente atraviesa hoy una paradoja en la Argentina. Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que el 15% de los asalariados sufre inseguridad alimentaria, lo que demuestra que la inserción laboral ya no alcanza para garantizar el derecho a una alimentación suficiente y saludable.

Según el estudio, los factores que más inciden en este fenómeno son el tipo de empleo, el nivel educativo, la región de residencia y la situación socioeconómica. Aun dentro del mercado de trabajo formal, los márgenes de vulnerabilidad son significativos.

El relevamiento del ODSA muestra que entre los asalariados registrados, la inseguridad alimentaria se reduce al 7%, mientras que entre los trabajadores no registrados o informales asciende a 25,3%. El promedio general entre asalariados —sin incluir al servicio doméstico— es de 15,2%.

El informe también subraya que la tenencia de empleo no equivale a estabilidad económica. Los puestos sin aportes previsionales o en condiciones precarias siguen siendo los más expuestos a la falta de recursos para la alimentación diaria.

En la población general, la inseguridad alimentaria alcanza al 21,3%, y al 19,6% entre las personas con alguna ocupación. Sin embargo, dentro de este universo, las brechas según sector y tipo de contrato son notorias.

Edad, género y educación

Las diferencias demográficas también resultan evidentes. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, el 14,3% padece inseguridad alimentaria. En el grupo de 35 a 54 años, la tasa asciende al 17,1%, y en los mayores de 55 años, baja al 12%.

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En los asalariados formales, los valores son más bajos: 5,9%, 8,9% y 6,3%, respectivamente.

En cuanto al género, las mujeres asalariadas muestran una incidencia levemente mayor (15,4%) que los varones (15%), lo que los investigadores asocian con desigualdades persistentes en ingresos y carga de tareas domésticas no remuneradas.

El nivel educativo aparece como un factor decisivo. Entre las personas con primaria o secundaria incompleta, el 34% tiene dificultades para alimentarse. La cifra baja al 12,7% entre quienes completaron el secundario y cae al 4,6% entre quienes alcanzaron estudios universitarios.

“El acceso a la educación actúa como una barrera frente a la vulnerabilidad alimentaria, tanto por el tipo de empleo que permite conseguir como por la capacidad de administrar recursos y proyectar estabilidad”, señala el informe.

Desigualdad social y territorial

El estrato social es otro elemento determinante. En los hogares pobres, la inseguridad alimentaria alcanza el 38,6%, mientras que en los no pobres se limita al 6,9%. En los sectores bajos, el 21,5% de los casos se concentra en contextos de mayor precariedad.

Las diferencias regionales profundizan las brechas. El conurbano bonaerense continúa siendo la zona más crítica, con un 18,9% de trabajadores afectados. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registra una incidencia del 7,1%, y el interior del país, del 8,9%.

“El territorio condiciona fuertemente el acceso a la alimentación, no solo por el costo de vida y los precios, sino también por la distancia a los mercados, los servicios y las políticas sociales efectivas”, detalla el informe.

Condiciones laborales

Entre los asalariados del sector informal, la inseguridad alimentaria se ubica en 24%, frente al 9,8% del sector formal. En el sector público, el indicador alcanza el 14,1%.

La cantidad de horas trabajadas también incide: entre los subocupados, el 21,1% sufre inseguridad alimentaria; entre quienes tienen empleo pleno, el 12%; y entre los sobreocupados, el 13,3%.

La afiliación sindical se asocia con una leve reducción del riesgo: el 7,7% de los trabajadores afiliados enfrenta inseguridad alimentaria, frente al 9,9% entre quienes no están afiliados. La diferencia, según los investigadores, refleja “la mayor presencia de derechos laborales, obras sociales y redes de contención en el ámbito sindical”.

Propuestas

El informe concluye que la precariedad laboral y la informalidad constituyen los principales factores asociados al riesgo de inseguridad alimentaria en la Argentina. Además, destaca que las desigualdades educativas, económicas y regionales agravan la situación estructural, especialmente en el conurbano bonaerense.

Los investigadores de la UCA proponen articular políticas integrales que vinculen los ejes de empleo, protección social y alimentación, y que consideren el acceso a una dieta adecuada como parte de las condiciones laborales dignas.

“El trabajo debe ser una vía de integración y bienestar, no una trampa que conviva con la privación alimentaria”, señala el documento. Y concluye: “Garantizar una alimentación suficiente para todos los trabajadores no solo es una cuestión de justicia social, sino también una condición para la productividad y el desarrollo humano sostenible del país”.