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La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las inundaciones más severas de los últimos años, con un impacto territorial, productivo y social de enorme magnitud. Informes técnicos oficiales y de entidades agropecuarias advierten que la situación en la cuenca del río Salado y zonas rurales del centro y noroeste bonaerense es crítica, con campos bajo agua, caminos intransitables y miles de productores afectados.
Según relevamientos satelitales y reportes de organismos especializados, alrededor de 5,8 millones de hectáreas presentan afectación directa o indirecta:
2 millones de hectáreas estarían inundadas o con presencia evidente de agua.
3,8 millones de hectáreas presentan exceso hídrico en el suelo, lo que impide cualquier tipo de labor agrícola.
Estas mediciones coinciden con los análisis de instituciones que monitorean el sistema hídrico provincial y nacional, que alertan que la recarga del suelo supera ampliamente los niveles históricos en numerosos partidos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) confirmó que las pérdidas económicas ya superan los US$ 2.000 millones, considerando daños en cultivos, demoras en la siembra y la imposibilidad de usar maquinaria por el estado de los caminos rurales.
La ventana de siembra para cultivos clave —como maíz y soja— quedó comprometida en amplias zonas, afectando la proyección de la próxima campaña agrícola.
Las inundaciones históricamente golpean a los partidos atravesados por la cuenca del río Salado, una de las más extensas del país. En episodios previos, miles de personas debieron ser evacuadas, rutas quedaron interrumpidas y localidades enteras registraron anegamientos severos.
Los especialistas advierten que el fenómeno de este año vuelve a exponer la demora en la ejecución de obras hidráulicas estructurales, especialmente las contempladas en el Plan Maestro del Salado, consideradas fundamentales para regular los excedentes hídricos y reducir el riesgo de inundaciones.
Entidades vinculadas al agro y organismos técnicos insisten en que la falta de finalización de estas obras —particularmente en tramos clave del sistema de canalización— profundiza el impacto en ciclos de lluvias intensas, provocando daños que luego demandan años de recuperación productiva.
La situación genera preocupación tanto en el sector rural como en organismos públicos encargados de la gestión hídrica. La caída de la actividad productiva afecta también la recaudación y el movimiento económico regional, mientras se multiplican los reclamos para acelerar infraestructura hidráulica, mejorar el mantenimiento de canales y reforzar los sistemas de alerta temprana.
Aunque las autoridades provinciales monitorean la evolución y articulan con comités de emergencia locales, la magnitud del fenómeno reabre el debate sobre la necesidad de invertir de manera sostenida en obras de drenaje y control hídrico para reducir la vulnerabilidad estructural de vastas regiones de la provincia.
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