Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego presentó días atrás un preocupante informe que da cuenta del incremento de testaferros o “compradores ficticios” de armas de fuego que adquieren revólveres en el mercado legal, pero para ser ilícitamente transferidas a terceros no habilitados en el país.

El documento - elaborado por el organismo a cargo del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, sistematiza información relevada en diversas investigaciones preliminares y procura aportar herramientas para la detección temprana de maniobras de desvío de armas hacia el mercado ilegal.

Como destaca el informe técnico, se trata de un mecanismo de creciente relevancia por el cual personas adquieran como legítimos usuarios “armas de fuego en el mercado legal, pero para ser ilícitamente transferidas a terceros no habilitados, los que, no puede descartarse, pueden estar vinculados a organizaciones criminales”.

A partir de los casos confirmados de esta nueva modalidad, la Unidad Fiscal identificó patrones de comportamiento en las maniobras detectadas y, sobre esa base, presentó un listado no taxativo de indicadores de riesgo que pueden orientar la labor de fiscalías, como así también de otros organismos vinculados al control, detección, persecución y enjuiciamiento de estas maniobras.

Desde el portal Fiscales señalan que, entre los indicadores identificados, “se destacan factores vinculados al domicilio denunciado, la capacidad contributiva, la cantidad y tipo de armas adquiridas -incluyendo periodicidad-, y el paradero o destino de las armas”.

El documento subraya que, si bien algunas conductas pueden encuadrarse en la figura penal de entrega ilegal de armas (artículo 189 bis del Código Penal), “en muchos casos se trata de esquemas complejos y organizados, en los que participan múltiples actores -legítimos usuarios, gestores, armerías y organizaciones criminales”.

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Las autoridades sostienen que este escenario configura en la realización de maniobras que pueden involucrar otros delitos, como falsificación de documentos públicos, asociación ilícita o contrabando.

“Con este trabajo, la UFIARM busca fortalecer las capacidades institucionales en la identificación y prevención de desvíos de material controlado, promoviendo la cooperación interinstitucional y la investigación articulada frente a posibles entramados delictivos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana”, explicaron desde el organismo judicial.