

Matías Ozorio (28), la mano derecha de “Pequeño J”, detenido ayer en la capital de Perú. Dijo que le debía plata a una banda de narcos / Web
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Nadie sabe qué hay de cierto de todo lo que se dice. La situación genera desconfianza, sobre todo a las familias de las víctimas
Matías Ozorio (28), la mano derecha de “Pequeño J”, detenido ayer en la capital de Perú. Dijo que le debía plata a una banda de narcos / Web
El asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela se convirtió en uno de los episodios criminales más estremecedores de los últimos tiempos. Pero, más allá del horror de los hechos, lo que marca la investigación es el desfile de hipótesis que se anuncian con estridencia y que poco aportan al esclarecimiento de lo sucedido.
La primera versión que copó titulares aseguraba que las torturas y asesinatos habían sido transmitidos en vivo por las redes sociales. La idea recorrió medios y hasta pasillos judiciales. Sin embargo, todo quedó desmentido rápidamente y la Justicia jamás encontró pruebas que afirmen lo contrario.
Entonces lo que parecía ser una evidencia escalofriante, se reveló como puro humo. Claro que el daño ya estaba hecho: se instaló la morbosidad y se perdió un tiempo muy valioso en la pesquisa.
Otra sombra fue la aparición de un supuesto narco conocido como “Pequeño J”. Según trascendió, tendría poder en los barrios del sur del Conurbano, aunque nadie logró confirmar su rol en la masacre. Se sabe que existe, porque ayer cayó detenido. Pero ¿es un verdadero jefe narco o un soldadito inflado por los rumores? Sin dudas, la falta de certezas lo volvió un interrogante más en la investigación.
La lista de hipótesis que se anunciaron y se desarmaron parece interminable: vínculos directos con bandas narco que nunca se probaron; peleas internas que los allegados descartaron; un kilo de cocaína que después fue medio kilo y que hoy ni siquiera se sabe si existió; la explicación de un ajuste de cuentas clásico, que no encaja con el nivel de brutalidad registrado.
Nada quedó sin decirse, pero ¿algo se probó?.
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El resultado es un expediente plagado de contradicciones y filtraciones que terminan debilitando la credibilidad de las fuerzas de seguridad y también del periodismo, que difundió sin chequear muchas de estas versiones.
Mientras las familias de las víctimas siguen esperando certezas, la sociedad percibe que la investigación avanza a los tumbos, sin demasiado profesionalismo.
Por eso el triple crimen no solo expone la violencia extrema, sino también la fragilidad institucional: un caso en el que abundan las teorías y faltan las pruebas, y donde la verdad se diluye entre rumores, errores y silencios.
Y queda otro enigma; tal vez el más fuerte. ¿El hilo se cortará por lo más delgado, con “Pequeño J” y sus acólitos o la decisión es ir a la caza de los pesos pesados del narcotráfico?
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