“Chocolate”: la Legislatura no encontró “ñoquis” ni perjuicio al Estado

Acusados de desviar al menos $464 millones del erario público a través de las tarjetas de débito de 48 supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, el puntero peronista, Julio “Chocolate” Rigau; sus presuntos jefes, el concejal platense del massismo, Facundo Albini, y el subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y todos los apuntados como “ñoquis” deberán afrontar un juicio oral que puede condenarlos a la prisión. Sin embargo, una “investigación preliminar” de la Legislatura bonaerense concluyó todo lo contrario y negó delito alguno.

Pese a lo que probaron el juez y la fiscal, una auditoría interna de la Cámara Baja descartó que se hayan cometido “irregularidades”, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados investigados y hasta negó que haya habido un “perjuicio” económico para el Estado, según detalles de un informe que reveló el diario La Nación.

La “investigación preliminar” se inició en septiembre de 2023, en los días que siguieron a la detención de “Chocolate” Rigau en una sucursal del Banco Provincia del centro de La Plata, mientras extraía una suma millonaria de dinero de decenas de tarjetas de débito pertenecientes a los supuestos empleados de la Legislatura.

En el marco de la causa, que salpicó en distinta escala a todos los bloques de Diputados, la fiscal Bettina Lacki indagó a Rigau, a los Albini y a los titulares de todas las tarjetas de débito, que se negaron a testimoniar, con la excepción de uno: Ezequiel Tocci. También ordenó el peritaje del teléfono del puntero del PJ, de donde surgió que “Chocolate” aparentemente debía rendirle cuentas a Claudio Albini. Con esa y otras evidencias, el juez de Garantías Guillermo Atencio ordenó los imputados y determinó que la investigación debía avanzar hacia arriba, confiando en que se llegaría “a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.

Lejos de dar crédito a esa hipótesis está la “investigación administrativa” de la Legislatura iniciada por el director general de Legal y Técnica, Eduardo Vito Risiglione, quien como primer paso citó a los 48 supuestos empleados, de los cuales declararon 46 y negaron ser “ñoquis”. Muchos, no obstante, no pudieron precisar cuándo empezaron a trabajar ni señalar la oficina en la que lo hacían ni quiénes serían sus jefes o compañeros. Tampoco les repreguntaron, de acuerdo a lo que documentó el mencionado matutino porteño.

Cuando se les consultó a los presuntos jefes de los supuestos empleados si esas personas trabajaban para ellos, confirmaron, como era de esperar, que sí. Sin embargo, el área legal de la Legislatura no ordenó otras medidas de prueba para verificar si, en efecto, los presuntos empleados realmente iban a trabajar.

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Solo con esos testimonios, el secretario administrativo de la Legislatura, Miguel de Lisi, le pidió a la Dirección General de Auditoría que dijera si la investigación era “suficiente”, a lo que el director general de Auditoría, Pedro Pourthé, respondió que no se habían completado las citaciones. Advirtió que faltaba que declararan Cristian Rigau (hijo de “Chocolate”), María Eugenia Rodríguez y Ezequiel Tocci. Sobre ellos, el director de Personal de la Legislatura, Pablo Parente (al parecer superior inmediato de Claudio Albini) indicó que Rigau había dejado de trabajar en 2017, que Rodríguez había renunciado el 1º de octubre de 2023 (es decir, poco después de que estallara el esándalo) y que a Tocci (que en Tribunales declaró no haber trabajado en la Legislatura ni reconocer la tarjeta a su nombre) le habían rescindido su contrato por “ausencias injustificadas”. Ninguno de los faltantes aludidos fue citado nuevamente, según cuenta La Nación.

Luego de hacer referencia a las lagunas e inconsistencias del informe de la Legislatura, la citada nota menciona que ya en abril de 2024 Risiglione volvió a tomarle testimonial a los supuestos “ñoquis”. Pero ya no citó a 48, sino a 41, de los cuales 37 habían sido dados de baja en diciembre de 2023 o cambiado de lugares de trabajo.

Con ese material, el nuevo director general de Auditoria, Hernán Valetti, concluyó que “no se han advertido irregularidades de orden administrativo” y descartó que el personal de la Legislatura “haya sido contratado empleando mecanismos fraudulentos ni que en relación a los 48 agentes (...) pueda corroborarse que no hayan desempeñado sus tareas ni que se les exigiera la entrega de parte de sus salarios”.

El tema se cerró con el dictamen 1974/2024, con firma de Risiglione y la afirmación de que no había más “prueba por producir” y que se daba por “descartado el perjuicio” para el Estado.