Evalúan apelar fallo que rechaza planteo de socios del Abastense

La Sala II de la Cámara Primera Civil y Comercial de La Plata desestimó ayer un planteo realizado por dirigentes del Club Atlético Abastense Argentino de nuestra ciudad, que vienen reclamando participación en la elección de las futuras autoridades. En este marco, advertían, el sector evalúa ahora elevar la cuestión a la Suprema Corte de la Provincia.

Como viene publicando este diario, un grupo de dirigentes del club de 208 y 520 se había presentado ante la Cámara Civil y Comercial para denunciar el incumplimiento de una orden judicial que intimaba a suspender el empadronamiento de nuevos miembros a la institución por parte de su intervención actual, el que consideran “irregular”.

Así lo había explicado el representante legal de los socios denunciantes, Fernando Levene, quien afirmó que la intervención, a cargo de Álvaro Larroza “tiene una clara intención de copamiento” del club centenario.

Ayer, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial, integrada por Juan Manuel Hitter y Alejandro Luis Maggi, rechazó el recurso de queja presentado por este grupo, advirtiendo que “la documentación obrante no existe prueba que permita tener por debidamente acreditada la condición de socio activo de los ahora quejosos”.

Al mismo tiempo, la resolución del tribunal indica que “se impone la necesidad de brindar pautas claras sobre el estado de situación de aquellos que resultan afectados por las medidas de normalización dispuestas en el marco de la intervención y que revisten una condición societaria que contaron con una eventual inscripción como socio de la entidad”.

En diálogo con EL DIA, Levene advirtió que la decisión judicial que desestima a los socios demandantes se basó en “la única documentación original que aportó la Dirección Provincial de Personas Jurídicas”, consistente en el libro de Registro de Socios Nº7, argumento por el que rechazó el planteo de los apelantes, y que “le impuso al organismo provincial que brinde pautas claras” sobre la condición societaria de aquello.

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Además, dijo el letrado, dispuso a Personas Jurídicas que aclare “el estado de situación de aquellos que resultan afectados por las medidas de normalización” y que “adopte las medidas que aseguren los derechos de los socios históricos” del Club Atlético Abastense Argentino.

Levene insistió en que “debe atenderse el pedido de numerosas instituciones y vecinos que solicitan que se garantice el derecho de quienes estaban asociados al momento de la intervención”, y que “no se le permita a quienes no lo estaban con anterioridad o a quienes no residan en la localidad”.

Según denunciaron los dirigentes del Club que vienen reclamando participación, la intervención de la institución se encuentra realizando un empadronamiento de socios nuevos “ajenos, de otras localidades y que nunca participaron de la vida del Club”.

Y añadieron que “ese empadronamiento que están llevando a cabo se hace sin ningún tipo de limitación”.

Por eso es que, fundamenta Levene, a los socios históricos, que serían 1.160, “les causa un perjuicio enorme porque estaría eligiendo autoridades gente que nunca participó en la vida de la institución”. Y subrayaron que por eso acudieron apelaron contra la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas que avaló esa medida.

Con este fallo adverso, ahora, evalúan elevar el planteo ante la Suprema Corte de la Provincia, para que evalúe la situación planteada con la histórica institución.

Por otra parte, y luego de que desde la Federación de Instituciones se ofrecieran a mediar en el conflicto, el titular de esa entidad, Alberto Alba, desmintió ayer que integrara el Directorio de la Fundación Mainetti. Al respecto cabe aclarar que en el expediente para normalizar la fundación se afirma que únicamente manifestaron su intención de continuar integrando el órgano de administración, el ministerio de Salud de la Provincia y la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata conformes constancias obrantes a fojas 356 y 357. También afirmó que su relación con dependencias del Rectorado de la UNLP no tenía objetivos políticos directa ni indirectamente.