Cinemómetros: la trama oculta detrás de las infracciones de tránsito

En una fiscalía de La Plata, la número 11 que conduce Álvaro Garganta, se desarrolla una investigación penal, bajo la IPP 06-00-056058-23/00, a raíz de una denuncia que radicó Leandro Camani, presidente de la empresa SECUTRANS S.A., que resultaría proveedora tanto de equipos automáticos de detección de infracciones viales, como del sistema para procesar dichas faltas, en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país.

En la presentación se habla de un fraude en perjuicio de la administración pública por miles de millones de pesos, a partir de lo que llama una “estructura criminal” dedicada a “matar multas” y de la que formarían parte gestores y funcionarios públicos.

Siempre en base a lo expuesto en ese escrito, la maniobra, configurativa -entiende- de una asociación ilícita, tendría como primer paso la captación de personas infraccionadas por una situación de tránsito, incluso a través de las redes sociales, para después proceder a su borrado del sistema contra entrega de una prestación dineraria en negro, que se repartiría entre los partícipes de la estafa.

Menciona un importante hotel de la Ciudad donde se desarrollarían encuentros para “dividir ganancias” y hasta pidió una radiografía financiera de las personas señaladas como eslabones de esa supuesta cadena de ilegalidades.

Sin embargo, las fuentes consultadas describen una realidad muy diferente a la que se postula.

Por el momento, la pesquisa está en sus albores y no solo tiene a la empresa SECUTRANS S.A. en el rol de particular damnificado. También al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, por disposición del juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Masi.

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Es importante aquí detallar la existencia de un Convenio Marco de Colaboración para la Implementación de un Plan Integral de Seguridad Vial, donde, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, para la instalación de cámaras que registren infracciones en cualquier municipio, este previamente desde prestar una adhesión.

Por ese contrato, se fija que la Provincia se queda con un 20 por ciento de lo recaudado y el resto se divide entre la Comuna y la prestadora del servicio tecnológico, sin que la autoridad de aplicación pueda interferir en la cuantía del reparto de ese excedente.

Se hace saber que, cuando la infracción se da en distrito bonaerense, pero en una ruta nacional, la ANSV se lleva un 5 por ciento.

Por eso asegura Camani que resulta víctima directa de los hechos denunciados y que tiene interés directo y legítimo en la causa. Porque cuando cae la recaudación, caen los ingresos de su empresa.

Como primer dato duro, para que se pueda tener cabal noción del universo económico del que se habla, en la actualidad existirían 31 millones de infracciones en sistema, o tal vez un poco más, aunque no todas están en condiciones de ser válidas para exigir su cobro, ya que muchas aparecen prescriptas y otras poseen defectos legales, que habilitan su impugnación.

Se dice que de ese total de causas, entre un 10 y un 20 por ciento pasarían a la etapa de ejecución.

Ahora, quienes hablaron con EL DIA sobre el meollo de esta cuestión, indicaron que el dinero sobrante de lo que percibe la Provincia, por lógica, debería en mayor medida beneficiar al Estado Municipal para ser destinado en servicios afines.

Sin embargo, no siempre se daría esa situación y ponen el foco en los otros “jugadores” del negocio, que por mes mueve volúmenes de dinero impactantes, sobre todo en los distritos con mayor densidad poblacional.

Párrafo aparte, destacan los informantes, es la aparición en el juego de universidades o fundaciones, a través de las cuales varios prestadores tercerizan la captación de fondos, sin que ellas sean parte en el convenio marco.

Ya no son esas empresas responsables de los cinemómetros las que reciben los pagos, en función claro está de lo dispuesto en la cláusula sexta del citado convenio marco, sino esos actores “de reparto” externos.

Aquí el entramado se oscurece, se llena de sospechas y para muchos deberá ser motivo de un minucioso análisis, con el objetivo de alcanzar un mecanismo más trasparente (ver dato).

Según información sensible, por convenio, una ciudad de la Costa atlántica, en lo que va del año, recaudó 650 millones de pesos netos, que debería distribuir: 24 por ciento el municipio, 20 la Provincia y 56 una fundación vinculada a la prestadora.

Es casi el mismo patrón de distribución que hay en un distrito del Conurbano profundo, que en 2024 obtuvo arriba de 3.500 millones de pesos netos y solo se lleva el 24 por ciento. El resto, 20 para la Provincia, 17 para una fundación y 39 para la prestadora.

Por último, en otro distrito del norte provincial, de los 450 millones de pesos netos recaudados, 16 por ciento queda en la Comuna, 20 se lleva la Provincia, 19.2 una fundación y el 44.8 la prestadora.