Confirman a Ercolini en la causa de los millonarios contratos de seguros

La Cámara a de Casación Penal ratificó al juez Julián Ercolini en la denominada “causa Seguros”. Se trata de un nuevo, y fuerte, revés judicial para el expresidente Alberto Fernández, que había pedido la recusación del magistrado.

Fernández es investigado por presunta defraudación al Estado en una denuncia que surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante la gestión anterior.

La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.

EXCOLEGAS EN LA UBA

El otrora jefe de Estado había promovido la recusación de Ercolini por “temor de parcialidad”, al señalar que había mantenido una relación personal con el juez a partir de haber compartido tiempo juntos cuando ambos daban clases en la Universidad de Buenos Aires. No obstante, el juez Gustavo Hornos entendió que el reclamo no se encontraba fundado y lo mantuvo en la causa.

“Respecto a la supuesta relación personal alegada por el recusante, a la que describió como de amistad primero y de enemistad después, cabe recordar que tal circunstancia fue negada en el informe realizado por el juez, quien dijo no poseer ningún prejuicio de ese tipo, a lo que cabe aunar que la parte no ha aportado elementos objetivos suficientes que desvirtúen ese rechazo”, afirma el fallo.

El expresidente tiene además ahora la denuncia penal por violencia de género en su contra derivada de esta causa. La misma fue presentada el martes por la ex primera dama Fabiola Yañez. La información surgió del secuestro y peritaje de teléfonos, donde además aparecieron los chats que mostraron relaciones entre contratos, funcionarios y empresarios.

Entre esos diálogos investigados, se incluyen intercambios entre el expresidente, su secretaria privada, María Cantero, y su esposo y empresario del seguro Héctor Martínez Sosa. De esas comunicaciones surge una conversación entre Yáñez y Cantero, donde la ex primera dama le pidió ayuda por presuntas agresiones físicas de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Al conocerse esta información, decidió denunciarlo ante Ercolini: “Estoy viviendo terrorismo psicológico”.

El exmandatario, en su recusación, dijo tener un temor fundado de que el juez será parcial y actuará en su contra.

En los inicios de esta causa, Ercolini avanzó con rapidez contra Fernández tras la presentación de la denuncia y ordenó la inhibición general de los bienes del expresidente (que la Cámara Federal revocó, pero que podría ser reimpuesta por Casación), además de un informe de sus comunicaciones, cuyo resultado todavía no está incorporado a la causa.

Alberto Fernández denunció que la investigación por presunto tráfico de influencias, entre otros cargos, es una posible “revancha” de Ercolini porque en su momento mandó a denunciarlo por el viaje que realizó a Lago Escondido en compañía de otros jueces, exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empresarios y exfuncionarios de Inteligencia. El expresidente hizo una cadena nacional en la que informó que había ordenado que se pidiera el juicio político de los jueces que participaron del viaje. La causa no prosperó y todos del encuentro sureño fueron sobreseídos.

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