Más de 80 piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes

La Justicia investiga por presunta extorsión a más de 80 dirigentes sociales y referentes de merenderos, comedores y cooperativas de trabajo. Se los acusa de haber presionado a los beneficiarios del entonces programa Potenciar Trabajo para que asistieran a marchas, concentraciones, volanteadas y actos de campaña del frente Unión por la Patria. La causa, que tramita en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella, apunta sobre todo a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que integran, entre otras organizaciones, el Movimiento Evita, que encabeza Emilio Pérsico; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Juan Carlos Alderete. También están en el ojo de la tormenta organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, referenciado en Eduardo Belliboni; Libres del Sur; el Frente de Trabajadores Combativos y el Movimiento Teresa Rodríguez. El caso, según informa el portal Infobae, es una derivación de otro expediente que comenzó en el juzgado federal porteño de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita.

Al juzgado de Armella llegaron el mes pasado dos expedientes en los que Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134 (el número habilitado por el Ministerio de Seguridad para denunciar las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales) habían surgido de domicilios de localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, cuya jurisdicción corresponde al Juzgado Federal Quilmes.

Según fuentes judiciales, “la mayoría de los dichos de las personas que denunciaban ser extorsionadas y apretadas fueron corroborados de manera fehaciente”.

Las amenazas más referidas son “te vamos a sacar el plan si no asistís a las marchas o concentraciones”. Suenan además advertencias como “estás llevando poca gente” o “hace mucho que no van” o “hace mucho que no se movilizan”. También se denunció que en vez de asistir a la cooperativa de trabajo o al comedor, lugares que oficiaban de Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo, debían asistir a una actividad partidaria o piquetera y en ese lugar se le pasaba lista. A los tres ausentes se tramitaba ante la Secretaría de Economía Social (entonces a cargo de Pérsico) la baja al plan. Otras víctimas denunciaron que los dirigentes directamente les quitaron el plan o amenazaron con hacerlo.

Las extorsiones surgen del análisis de más de 170.000 llamados realizados por beneficiarios de planes sociales que, según denunciaron, fueron amenazados por responsables de organizaciones sociales y sindicatos.

Si bien la instrucción lleva poco más de un mes, la investigación “está muy avanzada”. Mientras, se siguen acreditando direcciones e identidades de los referentes sociales mencionados en las denuncias telefónicas. Los lugares que ya fueron corroborados complicarían a las organizaciones que concentran buena parte de sus actividades en la zona sur del conurbano bonaerense, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y el Polo Obrero.

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El juez Armella detectó además que algunos comedores que recibían alimentos no existen, fueron cerrados o sus direcciones eran falsas.

Buena parte de las diligencias judiciales y la investigación de campo está a cargo de agentes de Prefectura Naval. Los investigadoresesperan terminar de reunir toda esa información para ordenar intervenciones telefónicas y posteriores allanamientos. Por eso aún se reservan los nombres de los dirigentes denunciados por amenazas.