Escándalo por las presuntas extorsiones de piqueteros: los chats que revelarían la maniobra

Unos 30 allanamientos se realizaron ayer en el marco de una investigación por posibles extorsiones de dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a diferentes protestas.

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, fueron 45 los casos pues fueron más de 13 mil llamados recibidos pero a nivel nacional por lo que están fuera de la jurisdicción del titular del Ministerio Público.

La investigación, desde entonces, implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión.

En total lo fueron 27 los denunciados, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Polo Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.

En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones, las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y ameritó la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó ayer.

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Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda.

Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con “multas” para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos era de 10 mil pesos por cada una de ellas, ndr) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.

Distintos niveles: los chats de las amenazas

También había “listas de espera” de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligadas como mérito a ello a realiza trabajos; los “beneficiarios comunes” que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer “un aporte” al comedor; los “delegados” que reciben el doble o triple ayuda y los “referentes” quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores.

Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: “Compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, reza el hallazgo de esos mensajes.

Otros indican: “Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”. El mensaje iba a destinado a una delegada, quien había advertido en un mensaje de grupo la lista de nombres diciendo: “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.

En otra conversación, una persona se queja porque a su hermana no le entregaron mercadería y además le dieron de baja el plan, a pesar de que no podía asistir a la “movilización” porque se había operado. Aquí, ante una pregunta puntual, se le informa que está “sancionada” por no pagar el “alquiler del comedor” y que por eso no podrá retirar mercadería en todo el mes.

Otra persona, en tanto, anuncia que estará cobrando las “cápitas” y que deben ponerse al día, de manera concordante con lo declarado por los denunciantes. En otro mensaje, ante la poca convocatoria que había generado una “invitación”, avisa que pasa a “contar como movilización”. Mientras que en otro diálogo, reconoce que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, por eso, hace que la “marcha” a la que antes “invitaba”, pase a ser “obligatoria” y cuente “como movilización”. “De ahora en más yo dejo de ser permisivo”, escribió.

Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.

Algunos de los delitos imputados son extorsión, amenazas y fraude