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En 2023, la justicia Federal investigó a funcionarios de Sergio Massa en Economía por el posible delito de defraudación en el otorgamiento de permisos de importación establecidos en el sistema conocido como SIRA. Y aunque el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento sobre el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, uno de los principales acusados junto al subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, el tema sigue dando que hablar en el escenario político.
Según el periodista Carlos Pagni, más allá de la investigación que realizaron el fiscal Taiano y el juez Ercolini, sigue habiendo “puntos oscuros” en la aprobación de esos permisos. También durante su programa “Odisea”, que se emite por el canal La Nación+, apuntó contra a Franco Mollo, quien fuera secretario del exministro de Economía en el último periodo presidencial de Alberto Fernández.
Según se denunció, hubo intermediarios que cobraban hasta un 10 por ciento en dólares por el otorgamiento de esos permisos. Esto explica, quizás, por qué la administración Milei haya decidido ahora reemplazar el sistema pero no tener eventuales denuncias por corrupción.
En el Gobierno anterior el argumento de defensa ante las acusaciones era que no había cepo importador y que habiendo pocos dólares era necesario asignarlos a la producción y que por eso armó un trabajo conjunto entre la AFIP, el Banco Central y la Secretaría de Comercio con diferentes sectores. Y además, decían que esas sospechas debían caer en “despachantes de aduana compitiendo deslealmente” entre ellos y “no en actos de corrupción de funcionarios”.
En la oposición no creyeron en esa versión. De hecho, los diputados de la Coalición Cívica, Juan López, Paula Oliveto y Victoria Borrego, presentaron en marzo último un petitorio a la Justicia para que se investiguen esas sospechas. “Esa concentración de facultades (de la secretaría de Comercio), la discrecionalidad en los procedimientos y el cepo de la economía fomentaron no solo arbitrariedades, sino que abrieron las rendijas donde se cuelan el tráfico de influencias y la corrupción”, denunciaron.
“Estamos, entonces, ante una ficción, un entramado difuso en el cual ejemplaridad y probidad no van de la mano. A su vez, en muchas instancias sobran vericuetos legales, artilugios y acciones específicas para simular transparencia cuando en realidad, con otros nombres y actores, se ha beneficiado, prioritariamente, a aquellos que acceden a dar coimas para obtener beneficios. En este caso concreto, poder importar a un dólar barato”, subrayaron.
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Y agregaron los legisladores denunciantes: “No tenemos dudas, que estas maniobras no solo pueden ser calificadas como fraude para sacar divisas del país a precio dólar oficial, o evasión impositiva por parte de las empresas, sino de un sistema perfectamente aceitado por los organismos estatales participantes para un fraude al Estado nacional. Estas tretas no podrían haber sido llevadas a cabo sin la aprobación de la Secretaría de Comercio Exterior, la AFIP y el Banco Central. En otras palabras, los funcionarios públicos con competencia en Comercio Exterior, habrían facilitado y favorecido prácticas ilegales que empresas y particulares practicaban”, escribieron.
El expediente y la investigación judicial data de febrero de 2023 y el fallo de absolución se conoció nueve meses después, el 17 de noviembre. Allí el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento por posible defraudación sobre Tombolini, Cervantes y otras personas que fueron denunciadas como “intermediarios” por el supuesto pedido de dinero a cambio de liberar trámites.
“Se ha reunido relevante prueba informativa y documental vinculada al procedimiento administrativo para la gestión y tramitación de las declaraciones SIRA, lo que a la postre le permitió a la parte (la fiscalía que tenía delegada la causa) descartar la materialidad de las maniobras ventiladas y la probabilidad de que los imputados tengan alguna responsabilidad penal” sentenció el fallo del juez Ercolini.
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