Una causa sin culpables y un pacto que trajo suspicacias

El 18 de julio de este año se cumplirán 30 años del ataque a la AMIA sin que los acusados hayan sido juzgados y menos condenados.

Mientras, otra causa por encubrimiento está camino a ir a juicio oral. Se trata de un supuesto encubrimiento del atentado a la mutual a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en enero de 2013 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

La imputación en contra de la expresidenta y la de varios de sus funcionarios, militantes y espías oficialistas de entonces- es que con el acuerdo se intentó atenuar la acusación de la Justicia argentina contra los altos dignatarios iraníes acusados -y con orden de captura- de haber ordenado y organizado el ataque a la sede judía en Buenos Aires.

Sobre el atentado en sí, en 1994 el juez Juan José Galeano quedó a cargo de la investigación y el caso tuvo un primer detenido pocos días después: fue Carlos Telleldín, un reducidor de autos acusado de haber vendido una traffic blanca que se usó como coche bomba, según los peritajes que se hicieron.

Telleldín estuvo 10 años preso en la cárcel de Devoto y durante la investigación declaró que la camioneta se la entregó a un grupo de policías bonaerenses, encabezados por Juan José Ribelli. El juez Galeano procesó y envió a juicio oral a Telleldín y a los policías en lo que se conoció como “la conexión local del atentado”.

En 2003, el juez Galeano responsabilizó a la organización terrorista Hezbolá y a Irán y ordenó la detención internacional de un grupo de personas, entre ellas al agregado cultural de la embajada de Irán en Argentina al momento el atentado, Mohsen Rabbani.

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En paralelo, el Tribunal Oral Federal 3 realizaba el juicio oral contra Telleldín y los policías y allí se descubrió que el reducidor de autos había acusado falsamente a los oficiales: cobró 400 mil dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el aval de Galeano. El tribunal declaró la nulidad de la investigación y ordenó que se investiguen esas irregularidades.

Galeano fue apartado de la causa y, en agosto de 2005, fue destituido del cargo de juez por mal desempeño de sus funciones.

El expediente por el atentado pasó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral -ya jubilado- y el de las irregularidades en la investigación quedó a cargo de Ariel Lijo. Canicoba Corral mantuvo la línea de la responsabilidad de Irán en el ataque.

Lijo procesó y envió a juicio oral a Galeano, a Telleldín, a los fiscales de la investigación Eamon Mullen y José Barbaccia, al ex presidente Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros. Todos fueron condenados.