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JUAN ANTONIO YANUZZI
Un año no ha sido suficiente para que los intereses de los representantes territoriales se traduzcan en acciones, más que demandas. Aun cuando el marco político nunca fue mejor para lograr avances en los reclamos por mayor descentralización, los dirigentes provinciales han estado desorientados en un contexto inédito.
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La debilidad legislativa del oficialismo nacional se vio compensada por una estrategia de decretos y vetos, asegurando su tercio como escudo defensivo y por la resistente popularidad de un presidente que ha conseguido una estabilidad relativa, pero inesperada. La tercera dimensión de la contracara de la debilidad es el rol del poder territorial, representado por los gobernadores.
La estrategia provincial del Gobierno ha sido eficiente en su intención de no convertir a los gobernadores en opositores intransigentes, sobre la base de promesas y sobre todo de las expectativas positivas de la situación económica y la popularidad presidencial. Con este marco, el oficialismo ha logrado reducir las transferencias a las provincias y retener ilegalmente recursos tributarios para fortalecer la balanza fiscal nacional, sin que se produzcan los conflictos federales esperables.
Mucho se ha comentado, desde la oposición más progresista e institucionalista, de la falta de republicanismo del Gobierno en sus procedimientos y en su diálogo político. Sin embargo, no llega a la agenda nacional el manejo inconstitucional de los recursos tributarios nacionales que son un punto clave de la situación fiscal.
Uno de los ejes del republicanismo es la búsqueda de la desconcentración del poder por medio de la división de las responsabilidades estatales. En este sentido, el federalismo como esquema de división política territorial, contribuye a esta atenuación del poder central.
Si algo se ha aprendido este año de gobierno es que el principio republicano del federalismo no tiene ningún efecto sin la decisión política de los representantes subnacionales de influir en las decisiones de la administración central.
Son paradigmáticos los casos de los oficialismo de Santa Fe y Córdoba, dos administraciones de sellos partidarios distintos, aunque muy cercanos ideológicamente, que se mantienen como oposición dialoguista al gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, han sido de los distritos más perjudicados por la disminución de las transferencias nacionales y por los recortes en el gasto público. Teniendo a su disposición la posibilidad de articular sus demandas optaron por las negociaciones bilaterales.
Un año de esta dinámica de relaciones nación-provincias debería ser suficiente como para que los actores subnacionales cambien la estrategia y comiencen a buscar influir en las instituciones federales de la mano de sus herramientas políticas. Pero ¿qué explica está pasividad?
Se podría esperar que provincias sin reelección del Ejecutivo, como Santa Fe, sean más audaces para demandar y anteponer sus intereses de corto plazo frente a las instituciones federales. En este sentido, la posible reforma de esta característica subnacional puede influir en que Pullaro, al igual que Llaryora, sean el paradigma de la pasividad frente a un Gobierno que ha perjudicado los intereses de gran parte de sus representados.
Lo cierto es que los gobernadores de las provincias que representan a los grandes centros urbanos perdieron la oportunidad de hacer valer sus demandas frente a un Ejecutivo en minoría. La disminución de las jubilaciones, la obra pública y las transferencias a las provincias (en términos reales) afectó en mayor medida a los estados subnacionales más poblados.
Desde una posición favorable al Gobierno se argumenta que la pasividad estuvo motivada por las expectativas de ganancias a largo plazo para el interior productivo, relacionadas con la estabilidad cambiaria y monetaria.
Sin embargo, la explicación fundamental reside en la creencia de que la opinión pública condenaría un posicionamiento opuesto al del oficialismo y, en el plano político, que La Libertad Avanza no logrará generar figuras provinciales propias como para ganar terreno donde los gobernadores juegan de local.
Esta especulación puede costarle a oficialismo provinciales, que podrían estar despidiéndose de la posibilidad cierta de influir en las política económica federal, en medio de unas elecciones legislativas nacionales que, con Cristina aún en carrera, corren riesgo de nacionalizarse y polarizarse.
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