Un proyecto que despierta rechazos

El proyecto del Gobierno para limitar el trámite de divorcio a una mera cuestión administrativa, sin pasar por sede judicial, despertó ayer los primeros rechazos. Apenas conocida la iniciativa, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que “modernizar y simplificar los procedimientos no puede hacerse a costa de los derechos”. En ese sentido, el excamarista que juzgó y encarceló a los comandantes de la última dictadura se opuso a la medida oficial al alertar que “no se puede, bajo el pretexto de simplificar los trámites, poner en riesgo los derechos de los contrayentes”.

El titular del Colegio de la Abogacía porteño cuestionó además que, “de nuevo, queda en evidencia el desconocimiento del Código Civil en cuanto a la necesidad de considerar integralmente todos los efectos del divorcio para garantizar la protección de la parte más vulnerable”.

Luego de reafirmar el compromiso de defender la necesaria intervención profesional de las abogadas y abogados en cualquier situación que implique la aplicación del derecho, Gil Laavedra consideró “insustituible la presencia del juez para garantizar de la mejor manera los derechos en juego”.