Temor por la trata infantil: alertan que Argentina tiene severos déficits

Como suele suceder, a veces hace falta una película exitosa para hacernos volver la vista hacia los grandes dramas que tienen lugar constantemente a nuestro alrededor. Es el caso de “Sonido de libertad”, un crudo film -actualmente en cines- que relata la historia real de un ex agente norteamericano que resolvió dedicar su vida a rescatar víctimas de la trata infantil.

Más allá de la historia de vida Tim Ballard -que días atrás visitó Argentina para contar el trasfondo de la trata infantil- la película pone el foco sobre la magnitud insospechada alcanzada hoy este delito, que viene creciendo a nivel mundial y cuyas redes alcanzan también a nuestro país.

Cómo se ubica Argentina frente a el fenómeno y cuán vulnerables son sus niños y niñas es precisamente el tema central un informe presentado ayer por la Red por la Infancia - una fundación que trabaja en la prevención de las violencias contra los chicos- en el Congreso de la Nación.

El informe, titulado “Fuera de las Sombras”, analiza la situación de Argentina -entre 60 países que representan el 85% de la población mundial de niños, niñas y adolescentes- en lo que hace a prevención y respuesta frente abuso y la explotación sexual en la infancia y adolescencia.

Como pone de manifiesto el trabajo, en Argentina coexisten algunas fortalezas (como la adhesión a las convenciones internacionales sobre los derechos de la niñez e infancia, leyes de apoyo a víctimas y la garantía de acceso a la ILE) con severos déficits a nivel legislativo, como la falta de tipificación de algunos delitos o la compra y venta de niñas, niños y adolescentes.

Por lo pronto, “en los últimos años se aceleró la cantidad de casos de abuso sexual infantil y también la gravedad de los mismos, sobre todo después de la pandemia de Covid, donde los niños estuvieron permanentemente expuestos a las pantallas”, sostuvo ayer Paula Watcher, directora ejecutiva de Red por la Infancia ante la Comisión Bicameral de Defensa de los Derechos de la Niñez

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“Si bien el acceso al sistema de salud pública es un gran avance” en los casos de niños violentados, “la falta de acceso a programas de salud mental y de servicios de apoyo a largo plazo y acceso a justicia son grandes deudas pendientes”, detalló en su exposición ante senadores y diputados de la Nación.

Watcher precisó que a nivel global 400 millones de niños son potencialmente víctimas de abuso sexual y que la situación de la Argentina presenta “déficits a los que se debe atender”.

A su criterio, “en el área de prevención la gran deuda pendiente de Argentina es la elaboración de un plan nacional integral conformado por políticas públicas con presupuesto adecuado y la producción de datos de prevalencia, lo que habla del compromiso real del Estado en comprender y responder el problema”, afirmó.

Watcher reconoció no obstante que “Argentina cuenta con varias fortalezas como la adhesión a las convenciones internacionales y leyes de apoyo a víctimas (no se penaliza a las víctimas de trata, los delitos contra la integridad sexual no prescriben, y se garantiza el acceso a la ILE a las víctimas de violaciones)”.

La directora de la Red por la Infancia mencionó también que el país tiene buena respuesta desde el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, que actúa como enlace con el Centro Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos y Explotados, los fiscales y las fuerzas policiales de todo el país.

Sin embargo, “a nivel legislativo persisten severos déficits como la falta de tipificación de algunos delitos, como por ejemplo la compra y venta de niños, niñas y adolescentes”.

“Tampoco se cuenta con un sistema de registro y monitoreo de la prevalencia de casos que permita demostrar el compromiso del Estado en comprender y abordar el problema”, resaltó.

“En el pilar de respuesta (Argentina) se destaca el acceso gratuito a la salud pública y la existencia de lineamientos para los agentes de salud. Sin embargo, no cuenta con un plan nacional de prevención y respuesta y no hay políticas públicas destinadas a la recuperación de las víctimas más allá de la respuesta inmediata y el proceso de justicia es uno de los que reciben menor puntuación global”, dijo Watcher.

El informe cuenta con un sistema comparativo entre nuestro país y otros 60 estados para sobre la prevención y respuestas al abuso y a la explotación sexual de este segmento de las sociedades. Argentina ocupa el puesto 49 entre los 60 países estudiados, indica el informe.