Incidentes injustificables en sedes que pertenecen a los tribunales platenses

Los incidentes registrados en las últimas horas en el edificio de los Tribunales penales de La Plata protagonizados por familiares de una víctima de homicidio, que así reaccionaron al tomar conocimiento de que se había absuelto por falta de pruebas al acusado -en los que se generaron destrozos y escenas de violencia dentro de la sede judicial- merecen no sólo un inmediato rechazo, sino el eventual juzgamiento de los responsables.

El hecho derivó primero en insultos y amenazas, para traducirse luego en daños a las puertas y ventanales del hall de entrada, así como en la intención de los manifestantes de subir hasta el tercer piso “para pedir explicaciones” a los magistrados, en una situación que afortunadamente pudo ser evitada por la custodia que debió soportar empujones e insultos. Tal como se informó, alguno de los presentes amenazó a los gritos con que iba a matar a quien consideraba como autor de la muerte de su familiar. Puede perfectamente llegar a comprenderse la situación de enorme tensión que atraviesan no sólo las personas juzgadas durante un juicio, sino también la de los allegados y mucho más cuando estos son familiares directos.

Sin embargo, en modo alguno puede el Poder Judicial permitir que se produzcan incidentes como el aquí señalado. Que, vale decirlo, reitera otros episodios similares. Años atrás un juez penal fue agredido por una mujer que en la audiencia oral extrajo un cuchillo y amenazó con emplearlo, tanto contra él como contra los otros dos integrantes del tribunal que habían actuado en el juzgamiento de una persona acusada de haber matado a su hijo.

Corresponde señalar que estas situaciones se presentan en un edificio que, como el de los tribunales penales platenses, no se caracteriza por su seguridad. Por el contrario, en el curso de los últimos años se han reiterado incidentes que demuestran la falta de garantías físicas existentes.

Robos de objetos guardados en los juzgados o en perjuicio de automóviles estacionados en el patio interior; presos que protagonizan fugas tan espectaculares como riesgosas para terceros; peleas entre asistentes a los juicios orales con profusión de amenazas hacia jueces, fiscales o defensores, forman parte de un panorama absolutamente impropio para una casa de Justicia.

Puede decirse que en la mayoría de esos episodios no se registraron consecuencias de mayor gravedad, muchas veces merced a la experiencia y el ánimo conciliatorio de personas capacitadas para neutralizar a los exaltados. Pero son la superintendencia a cargo del edificio y en segunda instancia la Suprema Corte las que deben velar por la más estricta seguridad del lugar.

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Es preciso contar con los servicios de custodia y con los demás recursos imprescindibles para garantizar la total normalidad en la rutina de los juzgados, disponiéndose inclusive de detectores de metales que impidan el ingreso de personas armadas. Nada justifica que el edificio pueda encontrarse en una situación de desprotección o que, en el caso de las audiencias orales, puedan desencadenarse desórdenes riesgosos para la integridad física de los presentes.

Resultaría por lo pronto inconcebible permitir que las sedes del Poder Judicial puedan permanecer en situaciones de indefensión, con los magistrados y el personal, así como el propio público asistente, expuestos a estas y otras agresiones o actos de vandalismo.