El año de Petro en el poder colombiano

El presidente Gustavo Petro cumplió su primer año de mandato en medio de una crisis política desatada por un escándalo que involucra a su hijo y sin haber podido avanzar en su agenda de reformas pese a las expectativas que generó tras convertirse en el primer líder de izquierda de Colombia.

Aunque el jefe de Estado insiste en la frase “el gobierno del cambio”, muchos ciudadanos sienten que las graves acusaciones que enfrenta su campaña electoral sobre el presunto ingreso de dinero dudoso significan más de lo mismo, mientras las promesas de transformaciones sociales se han quedado en el papel.

En las últimas semanas dos de los hombres más cercanos al mandatario han dejado ver la posibilidad de que la candidatura de Petro haya sido financiada con dinero oscuro y también con altas sumas que no fueron reportadas en las cuentas que se entregaron a las autoridades electorales.

El exembajador del gobierno de Petro en Venezuela, Armando Benedetti, y el hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro, han formulado afirmaciones sobre la financiación de la campaña que tiene a diferentes entes judiciales indagando cuál fue la realidad de los recursos con los que se pagó la candidatura del actual presidente.

Ello abrió la posibilidad de que la campaña del presidente Petro sea sancionada por el presunto ingreso de dinero oscuro y por la violación a los gastos máximos que permiten las autoridades electorales. El mandatario ya enfrenta un proceso judicial y político en el Congreso de la República, el cual podría terminar -incluso- con su destitución, en caso de que se compruebe que sabía de estas supuestas irregularidades.

Los cuestionamientos hacia la financiación de la candidatura de Petro comenzaron el 4 de junio cuando la Revista Semana reveló unos audios en los que se escucha al exembajador Benedetti referirse al asunto. En las grabaciones, Benedetti deja entrever que habría conseguido alrededor de 3,8 millones de dólares para la campaña de Petro y que si él hablaba sobre lo que sabía de la financiación de la candidatura de Petro, “nos caemos todos”.

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Días después el mandatario separó del cargo a Benedetti, quien debe cumplir varias citaciones judiciales para que aclare qué fue lo que quiso decir en esas grabaciones.

Benedetti fue uno de los hombres más cercanos al presidente Petro durante la campaña y bajo su responsabilidad estuvo gran parte de la agenda del entonces candidato.

Mientras tanto, Nicolás Petro comenzó un proceso de colaboración con la justicia luego de quedar en libertad después de permanecer detenido varios días en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con el hijo del presidente, Santander Lopesierra -condenado y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico- y Gabriel Hilsaca -hijo de Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca, procesado por homicidio y concierto para delinquir- le habrían entregado alrededor de 270.000 dólares, parte de los cuales sirvieron para financiar supuestamente la campaña presidencial del actual gobernante.

Nicolás Petro dijo en una reciente entrevista con la Revista Semana que su padre no sabía del ingreso de esos recursos, aunque afirmó que hay varios temas sobre la financiación de su candidatura que deberán ser aclarados por las autoridades con la información que él espera aportar en su proceso de colaboración con la justicia.

Los críticos dicen que esos señalamientos representan un duro golpe para la gobernabilidad del mandatario colombiano en momentos en que el líder izquierdista, de 63 años, busca avanzar en la aprobación de las reformas sobre los sistemas de salud y educación, las pensiones y las condiciones laborales de los colombianos, han sido objeto de una fuerte polémica desde que fueron presentadas y su futuro parece ahora más incierto.

Por otro lado, durante estos meses se espera que la mayoría de los congresistas estén concentrados en la campaña electoral para escoger mandatarios locales en todas las regiones del país, lo que reduciría el ritmo de trabajo en el Parlamento.

Sobre las acusaciones alrededor de supuestas irregularidades en la financiación de su campaña, el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, cree que Petro no tendrá “legitimidad” suficiente en la lucha contra la corrupción “justamente porque su campaña ha estado comprometida” con la presunta comisión de delitos.

“Yo no diría que esto va a tener un efecto inmediato, sino que va a ser un desgaste político para el gobierno que va a afectar su legitimidad de hacer cambios efectivos”, pronosticó.

Al hace un abalance de su gestión, Petro defendió el lunes los avances en la búsqueda de la paz con diferentes grupos armados ilegales. En términos económicos, aseguró que “hoy podemos decir que vencimos la inflación” y que en el año en que ha estado en la presidencia se crearon alrededor de 1,03 millones de empleos formales. “Casi nunca se daba una cifra similar”, advirtió Petro.

El jefe de Estado insistió en la necesidad de que la economía del país se separe cada vez más de la explotación de carbón y petróleo con el fin de proteger el medio ambiente y avanzar en energías limpias.

“Prometimos dignificar al pueblo y ésa sigue siendo nuestra prioridad”, aseguró el presidente, quien anunció que su gobierno insistirá en la aprobación de las reformas sociales que deben pasar por el Congreso.

El analista Guzmán aseguró que si Petro quiere hacer pasar su agenda de proyectos en el Congreso tendrá “que darse cuenta que tiene que hacer concesiones, incluso aquellas que sean dolorosas o comprometan el contenido de su intención original”.

“Si el gobierno no es capaz de entender que sus reformas, tal y como las planteó en campaña, no son viables políticamente, las va a perder”, afirmó el experto.

Guzmán destacó que entre los cambios que pueden destacarse del primer año del presidente Petro está que haya otorgado altos cargos a comunidades indígenas y al agro. Entre ellos se puede mencionar a la vicepresidenta Francia Márquez y al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, de la comunidad afrocolombiana, y a la jefa de la delegación diplomática en las Naciones Unidas, la indígena Leonor Arizabaleta.