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Mientras se espera una nueva ley, siguen saliendo de la oferta departamentos y casas. A la vez, se opta por la extensión del contrato
Según se analiza en el mercado, la ciudad está cerca de la “oferta cero” de propiedades / EL DIA
El mercado de las propiedades en alquiler muestra un estrés creciente, entre la oferta reducida, quienes buscan y no encuentran y todo el amplio segmento de propietarios e inquilinos a quienes no les cierran los números, ni de lo que se paga, ni de lo que se cobra.
Según las consultas realizadas por este diario en el sector inmobiliario, la crisis está en un punto en el que aún en un escenario de escasez de oferta, lindante con el “cero” (según se grafica un cuadro de casi inexistencia de opciones de casas y departamentos de gama media o baja) hay contratos que no se renuevan una vez que se cumple el lapso de tres años fijado por la cuestionada ley 27.551.
“Este es el primer mes que pasa que hay gente que no renueva. Con la poca oferta que hay en el mercado hay gente que decide no renovar. Algo que no venía pasando. Hasta acá el cien por ciento de los locatarios renovaba. Hoy, un porcentaje deja la propiedad porque vuelven a su pueblo o se mudan con un compañero para achicar los costos”, comentó la martillera Gisela Agostinelli sobre un panorama referido a la situación del alquiler de vivienda para estudiantes, todo un rubro específico del mercado local.
También se ve la situación del otro lado del mostrador: “Algunos propietarios deciden no renovar porque ponen en venta la propiedad o porque se lo dan a un familiar. Pero también se da que hay bastantes locatarios que deciden no renovar por un ajuste en tema económico, de reducción de gastos. Por eso, hay algo más de propiedades en oferta. De todos modos, sigue siendo abismal la diferencia entre la oferta y la demanda”, avisó Agostinelli.
Desde hace unos tres años, con la entrada en vigencia de la Ley 27.551 empezó a verse la descompensación entre la oferta y la demanda de propiedades en alquiler. En las inmobiliarias coinciden en señalar que eso deriva del rechazo entre el sector locador a los términos en que deben hacerse los contratos.
Las extensiones suelen ser por un lapso de seis meses o por un año, previo ajuste del precio
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Se sostiene que sigue siendo “abismal” la distancia entre la oferta y la demanda
Lo mismo, estaría ocurriendo en la capital federal, donde un estudio de la organización Reporte Inmobiliario indica que se pasó de una oferta de 20.000 unidades a las alrededor de 1.300 en el último año. A la vez, de los 12 mil contratos que, se estima, se vencen cada mes, hay un 40 por ciento que no se resuelva.
En La Plata, por estos días se pinta un cuadro similar, con propiedades cerradas.
“Hay también mucho de expectación por ver qué pasa con la nueva ley luego de las elecciones. Calculo que va a demorar tiempo. No es que pasan las elecciones y se va a resolver la ley. Va a tardar bastante”, apuntó Agostinelli sobre el debate que se anunció en el Congreso Nacional para el 23 de agosto, luego de las PASO. El objetivo es modificar el marco, diversas entidades de martilleros y propietarios plantaron un texto que vuelve el contrato a dos años de plazo y cambia el periodo de ajuste del alquiler: en lugar de esperar 12 meses como ahora, se propone pasar a un periodo de cuatro o seis meses para adecuar lo que se cobra de acuerdo con la variación de precios de la economía.
Si bien, en las inmobiliarias coinciden en marcar el freno a las operaciones, también se reconoce que hay propietarios que no pueden esperar. “Algunos no quieren que se le desocupe el departamento porque los costos de tenerlo vacío hoy también son muy altos. Están las expensas y las reparaciones, ya que al estar desocupados también se deterioran”, se analizó en una inmobiliaria local.
En la Cámara Inmobiliaria bonaerense (CIBA), se viene señalando que hay propietarios reticentes a la renovación del contrato aún cuando no hay fisuras en la relación con quien alquila y la administración del trato. Se sostiene que se evitar comprometer tres años de contrato en un contexto de tanta incertidumbre. Se prefiere, entonces, hacer una prórroga por seis meses o un año. Claro está, se aplica el ajuste que corresponde a un nuevo año de contrato. Para este mes, la fórmula que conjuga inflación y salarios en los escritorios del Banco Central indica un 108,94 por ciento.
No obstante eso, se evitan gastos y honorarios que aparecen al realizar un contrato por otros tres años. En particular, los propietarios miran de reojo el tablero de la representación política en el Congreso Nacional y su configuración después de las elecciones de este año.
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