No hay que ajustar, hay que ordenar el Estado

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En Argentina, la gente piensa que el Estado nacional (ergo: el presidente de la Nación) es responsable por todas las funciones del Estado. Creencia equivocada que fue y sigue alimentada por todos los candidatos a presidente que pasaron por este país. Todos prometen que ellos van a cambiar la vida a la gente.

En las campañas se escucha de todo. Cuando ellos sean presidente van a terminar con la inseguridad en el conurbano, el narcotráfico en Rosario, van a llevar salud y educación a cada hogar de la Argentina, van a convertir los planes asistenciales en empleo decente, van a pavimentar calles, veredas y construir plazas, van a eliminar el déficit de viviendas y multiplicar los empleos, las inversiones y bajar la inflación.

Nada o poco de esto puede ocurrir. No porque los candidatos quieran incumplir las promesas sino porque en un país federal las cosas que puede hacer un presidente son limitadas. El error está en que los candidatos a presidente en Argentina confunden “federalismo” con “unitarismo generoso”.

En el “unitarismo generoso” el presidente de la Nación lleva la prosperidad a cada provincia y municipio. En el “federalismo”, la prosperidad depende de cada provincia y sus municipios, donde el presidente de la Nación lo único que puede hacer es brindarles (a las provincias y sus municipios) buenos servicios interprovinciales.

Estos son: infraestructura interprovincial, generación y transporte de energía, rutas nacionales, navegabilidad de los ríos, regulación del espacio aéreo, control de fronteras, representación con el exterior, fortaleza de la moneda, estabilidad macroeconómica, legislación laboral moderna, la seguridad social y las universidades.

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En concreto, el presidente de la Nación (en representación del Estado nacional) debe generar las condiciones interprovinciales para que cada provincia y sus municipios sean artífices de su propio desarrollo local. Esto es: que las provincias y sus municipios se encarguen de atender los déficits de vivienda en sus localidades, el desarrollo del urbanismo (calles, veredas y plazas), la salud pública, la educación inicial, primaria y secundaria, la atención a los pobres con la asistencia social y la seguridad personal y de la propiedad. También que atraigan inversión privada a sus localidades para el crecimiento económico.

Pero Argentina es el mundo del revés

Los presidentes de la Nación no modernizan la red de rutas nacionales, la navegabilidad de los ríos, generan monopolios en el transporte aéreo, no modernizan las leyes laborales, generan crónicos déficits fiscales que destruyen la moneda y la estabilidad macroeconómica. Todas estas, que son sus funciones, las cumplen mal.

Pero aspiran a solucionar los problemas de los otros (las provincias y sus municipios). Quieren bachear calles, hacer cordones cunetas, mejorar plazas, arreglar escuelas, distribuir medicamentos en los centros de salud, multiplicar el asistencialismo y soñar con que un día lo van a convertir en empleo decente. Todo esto lo hacen con los “programas nacionales”.

Lo que termina sucediendo es que las provincias y sus municipios no pueden atraer inversiones porque las vías de transporte interprovinciales están rotas, el transporte aerocomercial es caro y sólo comunica con Buenos Aires, la inestabilidad macroeconómica, la destrucción de la moneda y las arcaicas leyes laborales le impiden atraer inversiones (por más que las inversiones quieran ir a la localidad). Entonces, terminan dependiendo de esas “ayuditas” para sus funciones sociales con los “programas nacionales”.

Por esto, no hay que ajustar, hay que ordenar el Estado.

El “lápiz rojo”

Los equipos técnicos preparan planes económicos y sociales para el próximo Gobierno. Más allá de los matices todos confluyen en que hay en que equilibrar las cuentas públicas. En esa estrategia aparece, de nuevo, el error.

El lugar común es no bajar impuestos y aplicar el “lápiz rojo” en el gasto público, a cualquier precio, pero manteniendo el actual desorden del sector público (porque se entiende que es políticamente complejo abordar el ordenamiento del Estado).

Entonces “lápiz rojo” para las inversiones en infraestructura (aun cuando está decrépita), mantenimiento de monopolios en el transporte (porque es políticamente complejo meter competencia), diferir la modernización de las leyes laborales (porque también es complejo). Eso sí, mantener los “programas nacionales”, porque es un “gasto social”, cuando en realidad es una intromisión inapropiada en funciones provinciales y municipales.

El ordenamiento del Estado sería que el sector público nacional se ocupe sólo de lo que es interprovincial y que lo haga con eficiencia y probidad. Esto daría un espacio fiscal de casi 5% del PIB en el gasto nacional. Las provincias con sus municipios que se encarguen de lo que les corresponde que es el financiamiento y la gestión de la política social.

Haciendo que cada jurisdicción se ocupe de lo suyo, hará que no sólo haya equilibrio fiscal sino una sustancial mejora en la gestión pública aumentando la calidad de los hoy pobres servicios del Estado que reciben los ciudadanos.