Usurpaciones, robos y una reacción violenta de vecinos en Bartolomé Bavio

Una pueblada en la cercana localidad de Bartolomé Bavio, en la que un centenar de vecinos incendió una casilla que presuntos usurpadores de una parcela habían construido, para luego realizar una marcha en la que reclamaron por la ola delictiva en la zona, dejó nuevas conclusiones relacionadas al tema de la seguridad que, por lo visto, también concierne a lugares de escasa población.

Tal como se detalló ayer en la noticia publicada en este diario, Bavio tiene alrededor de cuatro mil habitantes, por lo que la convocatoria de más de cien personas es un número a destacar, más aún durante un domingo, día en el que ocurrió el incidente. Como se dijo los vecinos recorrieron el pueblo para exigir respuestas del Estado y también protestar por la presunta usurpación.

Quienes habitan el pueblo lindero a La Plata aseguran que los robos y hechos de inseguridad “crecieron un montón en el último tiempo”. De esta manera, se dirigieron a la plaza principal con aplausos y pedidos de ayuda.

En la misma línea, reclamaron por una usurpación de un terreno que se encuentra a escasos metros de la zona céntrica de Bavio. “La policía no da respuestas”, comentaron los vecinos. El terreno en cuestión está a media cuadra de la plaza principal baviense y hasta allí se trasladaron los vecinos, apostándose en la puerta del lugar y aplaudiendo a modo de protesta.

Se vivieron momentos de extrema tensión, trascendió, y con el correr de los minutos, pese a la presencia policial, la situación se tensó a tal punto que los vecinos ingresaron al predio y terminaron por destruir e incendiar la casilla que se había levantado. Además, quienes se encontraban viviendo allí fueron trasladados por un móvil policial de Magdalena.

Se ha dicho ya que, más allá de que puedan existir situaciones individuales, es el Estado el que debe desmontar completamente a las organizaciones mafiosas que han hecho de las usurpaciones un herramienta muy lucrativa para ellos y muy penosa para la sociedad, inclusive para quienes podrían convertirse en ocupantes. En la mayoría de los casos las tierras arrebatadas a sus propietarios son revendidas luego, a bajo precio, por estas mafias que, pese al bajo valor de los terrenos, ganan fortunas mediante este procedimiento.

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El otro tema a considerar tiene que ver con el hartazgo social por la inseguridad imperante y el sentimiento generalizado de indefensión de los vecinos ante la impunidad con que se maneja una delincuencia sin escrúpulos. Esto se ha traducido ya en varias grandes ciudades –y ahora, también, en pequeños pueblos- en distintos episodios en los que la gente pretende hacer justicia por mano propia, en una situación a la que corresponde oponerse de plano.

Es el Estado, son sus organismos judiciales, legislativos y de seguridad quienes deben hacer sentir su presencia y hacerles pagar a los delincuentes, con las sanciones establecidas por la ley. Es ese Estado el que debe recuperar para sí el principio de autoridad que la Constitución y las leyes hacen descansar en él. Le corresponde al Estado, no a los particulares, hacer valer su imperio sobre la gente que quiere vivir en el delito. Pero esos deberes legales debieran ser ejercidos en plenitud.