Se incumple con los cupos de inserción laboral para personas en desigualdad física

Justificada preocupación debieran causar las conclusiones de un informe publicado ayer en este diario acerca de las serias dificultades en nuestra zona, cuando no la imposibilidad, que enfrentan las personas con desigualdes físicas para obtener un trabajo, tanto en los empleos públicos como en los privados. El dato estadístico no puede ser, en ese sentido, más elocuente: tres de cuatro aspirantes a obtener un trabajo formal no logran obtenerlo

Y como también se dijo, ello a pesar de las leyes que obligan al Estado y estimulan a las empresas a contratarlos. No se desconoce que en los últimos años se registraron avances legislativos y culturales de importancia, en lo que se refiere a la situación de las personas que sufren desigualdades, físicas, pero lo cierto es que aún falta que muchos de esos principios se conviertan en realidades.

En el artículo se puso de relieve que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 80 por ciento de la población con discapacidad, que representa aproximadamente el 15 por ciento de la población del planeta, no accede al trabajo formal.

En nuestro país, datos recogidos por el Indec muestran la misma tendencia y sitúan la tasa de empleo en apenas el 32,2 por ciento. El análisis del organismo internacional, en tanto, va más allá y detalla que para los protagonistas esto redunda en menores oportunidades económicas, peor acceso a la educación y cifras de pobreza más altas.

Especialistas en el tema dejaron testimonio ante este diario, acerca de los también bajos porcentajes de empleo de los desiguales físicos en las plantas de trabajadores estatales y, en cuanto al sector privado señalaron que si bien no existen obligaciones sí hay en vigencia estímulos estatales –rebajas de impuestos, aportes equivalentes al 50 por ciento del salario durante un año, no obstante lo cual siguen siendo muy bajas las contrataciones.

Una suma de prejuicios sobre la presuntas incapacidad para trabajar de muchas de las personas con dificultades mantiene vigencia. Se las cree frágiles, enfermizas y que no van a servir. Sin embargo, se asegura que esas prevenciones son mitos que no responden a la realidad.

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La nota enfocó otras cuestiones que inciden que inciden en la escasa inclusión, entre ellas la no adopción de los lugares de trabajo, mediante reformas mínimas, a las condiciones físicas de los aspirantes a ingresar a ellos.

En numerosas oportunidades se ha destacado que, por encima de las leyes y otras normas que repriman las distintas formas de discriminación, lo esencial es trazar los lineamientos educativos para lograr que la población esté preparada para convivir en un marco, más que de tolerancia, de verdadera comprensión entre todos los sectores de la población.

Y ello, con muchísima mayor razón, si esas resistencias se registran tanto en los sectores público como privado, que hacen caso omiso de las distintas leyes vigentes que imponen la existencia de cupos mínimos para asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar.

Cabe señalar que están obligados a cumplir con los cupos los tres poderes públicos, los organismos del Estado, las empresas del Estado y las empresas privadas que sean concesionarias de servicios públicos, pero, como se ha señalado, se cumple sólo muy parcialmente con este mandato legal.