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Con 48 horas de diferencias dos escuelas de la Región, una ubicada en el Barrio Norte platense y la otra en Berisso, sufrieron en las últimas jornadas sendas amenazas de bombas a través de llamadas telefónicas anónimas, en situaciones que obligaron a las autoridades de los establecimientos a aplicar el protocolo de seguridad y de esa forma evitar que los chicos ingresaran a los establecimientos.
Antes que nada es preciso advertir sobre los temores y otros efectos negativos que este tipo de amenazas anónimas generan no sólo en las comunidades educativas, sino también en las familias de los escolares y en la sociedad toda. Quienes puedan llegar a suponer que se trataría tan sólo de una suerte de travesura desafortunada, se equivocan totalmente.
En el caso registrado el viernes pasado en la escuela Carlos Vergara, de calle 4 y 36 de nuestra ciudad, equipos de la brigada anti explosivos de Bomberos llevaron a cabo las inspecciones del caso, que incluyeron la labor de perros.
Tras no hallarse ningún explosivo y asegurarse que todo estuviera en su curso normal, las autoridades escolares ordenaron el ingreso de los estudiantes y finalmente se pudo dar inicio a las actividades escolares.
Cabe señalar que en el caso ocurrido anteriormente en la secundaria de Berisso, la Justicia abrió una causa por intimidación pública.
Puede recordarse que en 2018 y en la misma ciudad, dos jóvenes resultaron detenidos y debieron dar explicaciones en los tribunales por una amenaza de bomba a una escuela.
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En ese año, en nuestra región, Berisso fue uno de los puntos más críticos, ya que numerosas escuelas recibieron ese tipo de amenazas y se debieron adoptar en todas ellas los protocolos dispuestos para esas emergencias, que incluyen la evacuación de los establecimientos cuando el horario escolar se encuentra en curso.
Desde luego, es de esperar que estos últimos episodios sean casos aislados y que no formen parte -como ya ocurrió en épocas anteriores- de malsanas seguidillas, convertidas ciertamente en un flagelo social seguramente instigado por personas que buscan tan solo causar miedo y molestias, además de crear un clima impropio de una sociedad civilizada.
Corresponde asimismo confiar en que, en estos casos, la Justicia acelere la investigación de las amenazas de bombas y que la instrucción concluya con la detención de los autores.
Cabe recordar una vez más que las amenazas de bomba activan automáticamente las alarmas en fuerzas de seguridad, bomberos y hospitales, donde deben disponerse de inmediato medidas para eventuales emergencias.
Los autores de estos llamados anónimos debieran cobrar conciencia de los costos y trastornos que causan, así como de los temores que desencadenan, hasta que finalmente, en cada uno de los casos, se comprueba la falsedad de las amenazas.
Es de esperar también que estos episodios -al que debe añadirse el de uno similar ocurrido en la semana que termina en San Isidro, por llamados amenazantes a dos colegios privados de esa ciudad bonaerense- no se propaguen.
Está claro que debiera existir, además, una fuerte conciencia social de rechazo a una modalidad tan lamentable, que degrada la calidad de vida de la población al crear tantos momentos de zozobra.
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