Tenso debate en el Congreso por la violencia en Rosario

La ola de violencia vinculada al narcotráfico en la ciudad de Rosario protagonizó ayer un tenso debate en el Congreso, durante la comparecencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que reivindicó la gestión del Gobierno en esa materia ante las críticas de la oposición.

En una comparecencia de casi cinco horas ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Fernández reiteró que “dos tercios” del trabajo desarrollado por los agentes federales en Rosario corresponde a tareas de “inteligencia criminal” que, por su naturaleza, no pueden hacerse públicas. “Nuestra vocación es esa, estar presente todo lo que sea necesario. Ese es el ‘plan Rosario’: un profundo trabajo superficial, por un lado, y dos tercios que son por abajo, que es la inteligencia criminal. Por supuesto, no voy a andar contando los pormenores de lo que estamos haciendo con la inteligencia criminal”, aseveró.

“Seguimos metiéndonos en esto, con un montón de medidas nuevas que ya voy a tener oportunidad de contárselas. Hoy no, todavía no”, agregó el titular de Seguridad, para destacar que actualmente hay 4.093 efectivos de las cuatro fuerzas federales en Rosario y 5.834 en toda la provincia de Santa Fé.

Solo el año pasado se detuvo en Rosario a 2.077 personas relacionadas con este tipo de delitos, recordó Fernández, quien hizo hincapié en la necesidad de atacar las vías de financiación del narcotráfico y, por ello, instó a los diputados a sancionar una ley contra el lavado de activos.

“La droga que se importa para Rosario se paga en dólares, en billetes. Ahí es donde realmente les va a doler y estamos nosotros metidos”, explicó el ministro, quien afirmó que se está creando un comando en la localidad bonaerense de San Nicolás, en coordinación con el FBI y con las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, para obtener más “información” sobre estos movimientos.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Al comienzo, Fernández defendió su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, citando como ejemplo la caída de la tasa de homicidios dolosos en Argentina, que el año pasado se ubicó en los 4,3 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja en los últimos veinte años.

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Sin embargo, la oposición discutió rápidamente estos datos: solo en la ciudad de Rosario se registraron 288 homicidios dolosos en 2022, 24,8 por cada 100.000 habitantes, aseguró el vicepresidente de la comisión de Seguridad Interior y diputado de la Unión Cívica Radical, Juan Martín. En este contexto, varios legisladores lamentaron la ausencia de “resultados concretos” y de “estrategias” para frenar la criminalidad en esa ciudad, así como de recursos económicos para la provincia de Santa Fe, en donde un 33 por ciento de los puestos de la Justicia Federal se encuentran vacantes, según el diputado socialista Enrique Estévez.

Las críticas no se circunscribieron únicamente al ámbito opositor: el diputado santafesino Roberto Mirabella, del oficialista Frente de Todos, tildó de “inédita” la situación que atraviesa su provincia natal, en donde “está en riesgo la democracia argentina”.

“El esfuerzo que estamos haciendo es inmenso, ¿y quién lo financia? El Estado nacional, no lo financia la provincia de Santa Fe. Vean la vocación que tiene el Estado nacional de resolver este tema”, apuntó el ministro, quien cifró en 8.875 millones de pesos (unos 44,3 millones de dólares) la financiación recibida el año pasado por el Gobierno provincial para cuestiones de seguridad.

EJÉRCITO

En una rueda de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, puntualizó ayers que “no están yendo las Fuerzas Armadas” a Rosario, sino una división del Ejército que acompaña en la construcción de urbanizaciones o en “situaciones de vulnerabilidad”.

“Entendemos que en esos barrios es donde más fácil se pueden insertar aquellos que buscan sicarios para el narcotráfico. Por eso están yendo, como parte del proceso de reurbanización de barrios populares y no como parte del proceso de seguridad en Rosario”, aclaró Cerruti.

Mientras, en su exposición, Aníbal Fernández tomó distancia del envío de militares.