Revés de la Corte contra el Gobierno por la coparticipación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó ayer los pedidos de excusación y recusación formulados por el gobierno de Alberto Fernández contra sus integrantes en el marco de la causa en la que se discute el recorte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Así, el máximo tribunal quedó en condiciones de tomar una decisión de fondo y resolver en un caso sensible para la administración entrante. Un fallo favorable al reclamo porteño podría impactar negativamente en las arcas nacionales que desde el 10 de diciembre gobernará Javier Milei.

Para entender el alcance del fallo hay que ir hasta septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente resolvió recortar la coparticipación de CABA para financiar un aumento salarial a la Policía Bonaerense, que se encontraba de paro y presionaba por mejoras al gobierno de Axel Kicillof. En rigor, Fernández tomó una medida similar a la que antes había tomado Mauricio Macri, cuando en enero de 2016 ejecutó un aumento de la masa coparticipable porteña para financiar el traspaso de la Policía Federal.

Lo cierto es que la decisión del actual jefe de Estado derivó en un conflicto judicial con la administración porteña que escaló hasta la Corte, que en diciembre de 2022 dispuso una medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires. A partir de esa resolución, el monto actualizado que la administración nacional adeuda rondaría los 220 mil millones de pesos, a lo que también habría que sumar intereses correspondientes al período del 1 al 21 de diciembre de 2022.

La semana posterior al dictado de esa cautelar, el Estado Nacional pidió el apartamiento de los jueces de la Corte al considerar que, cuando dictaron esa medida, los ministros del tribunal anticiparon definiciones sobre cuestiones de fondo que deberían haber quedado reservadas para la sentencia definitiva y afirmó que, por tanto, debían abandonar el expediente. En cuanto a Carlos Rosenkrantz, se le cuestionó haber sido abogado de la provincia de Santa Fe en un caso similar y que por eso también debía apartarse.

Además, el 1° de febrero de este año, el Gobierno recusó a Horacio Rosatti, alegando que el 30 de diciembre de 2022 habían tomado estado público mensajes entre el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, funcionario de la vocalía del presidente del tribunal, que generaban un “fundado temor de parcialidad” contra el Estado Nacional porque probaban -de acuerdo al planteo- que desde la vocalía de Rosatti le estaban dando información del caso y recomendaciones a una de las partes.

Esta causa y el supuesto tráfico de información a través de Robles motivaron el pedido del juicio político que el kirchnerismo impulsó contra la Corte en el Congreso.

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Con el fallo de ayer, el máximo tribunal quedó habilitado para embargar cuentas públicas por el monto de la deuda. Algo que podría complicar (todavía más) la situación financiera en el inicio de la gestión de Milei.

La decisión fue firmada por los jueces Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes le advirtieron al Estado Nacional que solo los jueces pueden decidir si se excusan o no y que las recusaciones planteadas en esta causa “resultan manifiestamente improcedentes”.

El único que se excusó de rubricar la medida fue Ricardo Lorenzetti. Según fuentes del Tribunal, el magistrado no quiso avalar lo que considera un encubrimiento de una conducta censurable por parte de Robles, a quien le pidió un sumario administrativo.