La Provincia se presentó como querellante en la causa “Chocolate”: hoy peritan el celular de Rigau

El gobierno de Axel Kicillof pidió ayer ser querellante en la causa que investiga a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ sorprendido en un cajero automático de La Plata con casi 50 tarjetas de débito ajenas en su poder y más de un millón de pesos que pertenecerían a contratos de la Cámara de Diputados bonaerense.

La solicitud fue realizada por el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Rodolfo Gómez, ante el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio.

La presentación tuvo lugar al filo de la veda electoral y a horas de que la Justicia perite el celular de Rigau, algo que los investigadores consideran clave para desenredar la trama política que se ocultaría detrás del único acusado. Ayer la Justicia volvió a rechazar un pedido de suspender el peritaje de sus abogados los Dres. Alfredo Gascón Molina, Miguel Angel Molina y Alfredo Gascón.

En su escrito, Gómez argumentó que en este caso “se investigan hechos que, a prima facie, constituirían un perjuicio para la provincia de Buenos Aires” y que, por tanto, habilitan la intervención de la Fiscalía de Estado, un ente que tiene como misión la representación y defensa en juicio de la Provincia, tanto en carácter de demandada como demandante. En otras palabras, su tarea consiste en custodiar los bienes y el patrimonio bonaerense.

Por su parte, el juez Atencio confirmó que hizo lugar al pedido, aunque todavía las partes no fueron notificadas. A partir de esta decisión, el fiscal de Estado podrá acceder como particular damnificado al expediente por “estafas reiteradas” que avanza en la UFI Nº 2, a cargo de Betina Lacki. En el proceso también interviene como particular damnificado la ONG Poder Ciudadano.

Después de las elecciones

Rigau está en prisión preventiva desde el último sábado, luego de que la causa casi se frenara por un polémico fallo de la Cámara de Apelaciones platense que la anuló en primera instancia. El puntero peronista es investigado por la Justicia por un presunto desfalco que ascendería a los 27 millones de pesos mensuales y se espera que hoy finalmente periten los mensajes, llamadas e imágenes de su teléfono celular. Algo que la defensa buscó evitar por todos los medios. Se presume que el aparato puede ser una Caja de Pandora de la que emanen posibles vínculos con la política bonaerense. Pese a la creciente expectativa, los resultados de esta pericia se conocerían recién después de las elecciones.

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También está prevista para hoy la declaración de unos tres testigos, dueños de algunas de las tarjetas con las que detuvieron a “Chocolate”.

Por otro lado, en las últimas horas el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Conte Grand, pidió abrir un juicio político contra los dos camaristas que anularon la causa contra “Chocolate” y habilitaron su liberación. Se trata de Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

“La decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular”, advierte la presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, que ahora deberá sortear a los miembros del jurado.

Y agrega: “La materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación”.

Benavides y Villordo habían anulado la causa contra Rigau argumentando que la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando el acusado fue trasladado a la comisaría. Pero además adujeron que se “violó la privacidad” del puntero que habría recaudado millones de pesos a través de las tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura provincial.

En disidencia, el juez Fernando Mateos aseguró que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, aseveró.

La semana pasada, la Cámara de Casación revocó aquel controvertido fallo y reabrió formalmente la causa.

Entonces, con el caso reactivado y a la espera del peritaje del celular de Rigau, el Procurador bonaerense pidió iniciar un jury contra los camaristas. “La resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial”, sostuvo Conte Grand, que solicitó al Jurado de Enjuiciamiento el apartamiento preventivo de los camaristas hasta tanto se sustancie el proceso.